Preocupación en Córdoba: Colegios profesionales denuncian precarización e inestabilidad en la atención de violencia de género
Las licenciadas Celeste Bertona (Trabajo Social) y Mariela Lario (Psicología) advierten que el 30 de junio finalizan los contratos de la segunda cohorte de residentes. Denuncian falta de respuestas oficiales y el impacto negativo de la precarización laboral y la inestabilidad de las trabajadoras en la calidad de atención de las víctimas de violencia de género.
Ambos colegios profesionales de la provincia de Córdoba se encuentran en estado de alerta ante la falta de respuestas de la Secretaría de la Mujer sobre la continuidad de los equipos técnicos que sostienen los dispositivos de asistencia a víctimas de violencia de género. El próximo 30 de junio vence el periodo de residencia para profesionales de psicología, trabajo social y abogacía, lo que pone en riesgo la estabilidad de los servicios que estas trabajadoras sostienen, tanto en Córdoba Capital como en los Puntos Mujer del interior provincial.
La Lic. Celeste Bertona, presidenta del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Córdoba, y la Lic. Mariela Lario, secretaria gremial del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, expresaron su profunda preocupación en una entrevista brindada a Canal 10. Las dirigentes explicaron que la audiencia programada para el pasado 3 de junio fue suspendida de manera unilateral por las autoridades gubernamentales, sin fijar una nueva fecha de encuentro hasta el momento. Ante este escenario de incertidumbre, las entidades presentaron un pedido de pronto despacho para forzar una respuesta oficial.
Desde los colegios profesionales señalaron que, si bien estas funciones están formalmente catalogadas como «residencias de formación», en la práctica estos trabajadores especialistas —quienes perciben una asignación aproximada de un millón de pesos— son quienes garantizan y sostienen de manera efectiva la atención diaria de dispositivos. La cohorte afectada en esta oportunidad abarca a una decena de profesionales en la capital cordobesa, a los que se suman los equipos distribuidos en el interior.
Finalmente, las autoridades institucionales enfatizaron la necesidad urgente de constituir una mesa de trabajo para revisar los esquemas de contratación en el sector. Según advirtieron, la constante rotación del personal, la inestabilidad laboral y la falta de garantías en los derechos de los profesionales precarizan el sistema e impactan de manera directa en la calidad y en el seguimiento de las intervenciones de alta complejidad que requieren las personas en situación de violencia.
