Urgente revisión de estas políticas ineficaces, represivas y antidemocráticas
El Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, adhiere a este pronunciamiento emitido por colegas, los cuales hacen público su repudio y preocupación por las actuales políticas represivas del gobierno provincial para con los sectores pobres de nuestra sociedad.
Córdoba, 07 de mayo de 2014
Ante los procedimientos realizados por la policía de la Provincia de Córdoba, llamados “operativos de seguridad”, cuyas víctimas son mayoritariamente jóvenes de barrios populares de nuestra ciudad y del interior provincial, a quienes se somete a situaciones humillantes y ofensivas, violatorias de todos los derechos humanos, manifestamos nuestro más enérgico repudio.
Estas medidas corresponden a las políticas de seguridad planificadas desde el gobierno provincial, su Ministro de gobierno y seguridad Walter Saieg y el Jefe de Policía Julio César Suárez. Las mismas tienen distintas variantes: detenciones de motocicletas, razzias en villas de emergencia, allanamiento dirigidos y selectivos a ciertos barrios y en ciertos sectores de esos barrios, helicóptero sobrevolando e iluminándolos focalizadamente, detenciones por el Código de Faltas con ulteriores castigos físicos, exposición de los detenidos en la vía pública, etc.
Promocionado como “combate al delito”, se va “policializando” la vida cotidiana y cada rincón de la ciudad, se crea un clima de miedo y atemorización generalizada, se profundiza la polarización entre sectores sociales, la desconfianza entre vecinos, socavando y corroyendo los vínculos, destruyendo redes de solidaridad y cooperación siempre existentes e imprescindibles para el sostenimiento de la convivencia humana.
Los jóvenes pobres, ya cercados por la falta de oportunidades, la desescolarización, la falta de empleo, la exclusión, además son estigmatizados con estas permanentes persecuciones (por andar en moto, usar gorra o ropa deportiva, transitar por la calle o detenerse en una esquina, etc.) etiquetándolos como delincuentes y drogadictos.
Como trabajadores del Estado y como colectivo profesional, solicitamos el cese inmediato de estos “procedimientos” u “operativos”, que determinan una presencia nefasta del Estado en los barrios, atentan contra la vida la seguridad de las personas, violan Derechos Constitucionales y Pactos Internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, y planteamos una urgente revisión de estas políticas ineficaces, represivas y antidemocráticas.
