PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y EL CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL DIGITAL (CMO)

– POSICIONAMIENTO DEL CPSSPC –

El 2019 no arrancó muy bien para las personas con discapacidad; desde la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad (decreto 698/2017 publicado en el Boletín Oficial el 3 de septiembre) se ha producido un achicamiento sistemático de las Pensiones No Contributivas poniendo barreras para el acceso y ejercicio del derecho a la misma. El mismo se refleja en los 180.000 (CIENTO OCHENTA MIL) expedientes esperando resolución, las bajas y suspensiones que se produjeron a partir de julio de 2016 en el marco del Decreto 932/97 y el cierre de oficinas en todo el país quedando solamente 14 sedes en las 24 provincias con escaso personal y sin funciones.

A partir del 4 de febrero del corriente año, se traspasaron al ANSES aquellos trámites administrativos de las personas que ya son titulares del derecho. Y desde hace unos días, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, se informó que para iniciar el trámite de pensión por invalidez se debe completar el Certificado Médico Oficial Digital, para lo cual la persona deberá dirigirse a una institución de salud pública, el médico cargar el formulario y luego firmarlo el Director del nosocomio (ambos profesionales deberán tener la firma digital para que sea válido), por último lo recepcionará y evaluará la Agencia Nacional de Discapacidad a través de la Coordinación de Fiscalización Médica. Aquí aparecen dos obstáculos para acceder al derecho: primero, los centros de salud / hospitales de todo el país no cuentan con la tecnología necesaria para poder hacer la carga en la Plataforma Virtual; y segundo, no contempla quién y cómo realizará la evaluación social del expediente, ya que el artículo 5 inciso “a” del decreto 432/97 establece que “se efectúe una encuesta socio económica del caso en formularios provistos al efecto, con el objeto de establecer el estado de la necesidad del peticionante…”. Estas medidas desdibujan los criterios de evaluación priorizándose netamente los médicos y economicistas; perdiéndose la valoración integral de la persona con discapacidad/incapacidad.

Las personas con discapacidad y/o incapacidad laboral se encuentran en situación de alta vulnerabilidad; muchas veces los escasos recursos económicos con los que cuenta la persona y su familia llevan a que no pueda acceder a sus derechos; profundizándose por las dificultades en la accesibilidad a centros de salud, ya sean de la ciudad o de zonas rurales, no pudiendo recibir los tratamientos adecuados por falta de especialidades o debiendo recorrer más de cien kilómetros para llegar a un centro de salud que cuente con las mismas.

La “reestructuración”, “desburocratización”, “modernización” que ha llevado a cabo la actual gestión del gobierno nacional viene significando en realidad la reducción constante de programas y políticas destinadas a las/os ciudadanas/os en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Por eso se hace imprescindible hacer visible esta situación de total incertidumbre, la ausencia de inversión en estructura y recursos necesarios para llevar adelante estos profundos cambios, así como la falta de información que existe en las dependencias generando preocupación y malestar. En tal sentido es muy importante acompañar a las personas con discapacidad y/o incapacidad, hacer circular la información, y construir estrategias de resolución y resistencia.

Desde el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, denunciamos la existencia de una política sistemática de desfinanciamiento y desmantelamiento de las políticas sociales y particularmente las de discapacidad/incapacidad. Desde que asumió el actual gobierno nacional, las personas con discapacidad no son prioridad, sino que se viola sistemáticamente sus derechos y los de su familia.

CON EL APORTE DE COLEGAS DE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD –CPSS-, DE PENSIONES NACIONALES Y DE LA MESA DE DISCAPACIDAD Y DDHH