CARTA ABIERTA DE FAAPSS, AL PODER LEGISLATIVO
La Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), entidad de segundo orden que nuclea a todos los Colegios y Consejos profesionales del Trabajo Social del país deseamos hacer llegar a los legisladores y a las legisladoras nacionales algunas consideraciones acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y de la Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” conocida como “Ley Ómnibus”; en el marco de su debate en el Congreso de la Nación.
El DNU y el proyecto de ley mencionado, de ser aprobados, derogan y/o modifican Leyes que han sido tratadas, discutidas y aprobadas por el Poder Legislativo de la Nación en diferentes momentos y respondiendo a requerimientos, necesidades y reclamos sociales. Entendemos que cualquier modificación en la legislación debe realizarse de esta manera y no abusando de la facultad legislativa del Poder Ejecutivo. Dando así lugar a debates profundos que busquen el bienestar común.
La propuesta del Poder Ejecutivo, producirá efectos negativos sobre personas y grupos a los que el Estado tiene que proteger de manera prioritaria. Se afecta la vigencia de los derechos humanos y se desconocen estándares constitucionales y convencionales, atentando directamente contra el sistema de protección de derechos, eludiendo por completo la función del Estado de garantizar salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, ambiente sano y justicia a la población. Especialmente preocupante es el incumplimiento de la prohibición de regresividad del sistema de protección de DDHH de nuestro País.
Claramente atentan contra el acceso a la vivienda digna con la derogación de la ley de alquileres y las modificaciones al código civil y comercial de la Nación; el acceso a la salud con la liberalización de las prepagas y obras sociales; los derechos laborales y sindicales con las reformas de la legislación vigente tanto del ámbito privado como de las relaciones colectivas de trabajo y sindicales; el derecho a la tierra y derechos ambientales, derogando la ley de tierras rurales, el sistema legal de protección del ambiente, las leyes de control de la actividad minera y de la actividad pesquera; el acceso a energía segura, sostenible y moderna desregulado las industrias de generación de energías.
El ataque a la cultura es directo; al eliminar normativa que sostiene al Fondo Nacional de las Artes, al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música, al INCAA, a las bibliotecas populares y otros espacios culturales se generará que la cultura sea asequible sólo para determinados sectores sociales.
La destrucción de la ciencia nacional es inminente dada la propuesta de desfinanciamiento del CONICET y de las Universidades Nacionales, mercantilizando la educación y sujetando el aumento de su presupuesto a la matrícula. Olvidando que el acceso a la educación superior pública, libre y gratuita ha sido el motor de la movilidad social ascendente que caracteriza a nuestro país.
A todo esto, se suman medidas que van en desmedro directo del tejido social, espacio donde nuestra profesión encuentra líneas de acción en pos de garantizar derechos y acceso a una vida digna. Los recortes a los sectores más vulnerados de la sociedad son preocupantes: recortes a jubilados/as o la apropiación del fondo de sustentabilidad de ANSES. La misma preocupación merece el retroceso en legislación sobre niñez y adolescencia, violencia de género, salud mental y la eliminación de programas destinados a las políticas de géneros y disidencias y de protección de infancias.
Y a sabiendas del profundo rechazo que estas modificaciones generan en la sociedad, se criminaliza la protesta violando derechos otorgados por la Constitución Nacional.
El Presidente fue electo democráticamente de la misma manera que lo han sido los legisladores y las legisladoras nacionales. Por eso, como Trabajadores y Trabajadoras Sociales, profesión que “promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas”, que sostenemos “los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad”; instamos al Poder Legislativo a rechazar estas medidas para proteger los derechos del pueblo argentino.
