79 jóvenes en conflicto con la ley penal, quedan sin seguimiento, contención e intervención profesional

Juventudes en contexto de encierro

Expresamos nuestra preocupación ante las desfavorables situaciones laborales que les toca vivir a las profesionales de Trabajo Social que desempeñan sus funciones en SeNAF como monotributistas (organismo dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba), quienes fueron informadas, el día jueves 12 de diciembre del 2019, que deberían tomarse“vacaciones compulsivas” hasta el 1 de enero del 2020.

Se les informó que no se les podía garantizar la continuidad de los convenios precarizados a través de los cuales venían trabajando en el área de Penal Juvenil. A esto habría que sumarle, además, la ausencia de la 20 sociopedagogas, cuya función se centra en el trabajo cotidiano dentro de un contexto de encierro, el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza/CeSAM junto a los/as jóvenes que allí se alojan, quienes se encuentran también desafectadas de sus funciones por el vencimiento del convenio que enmarcaba sutrabajo.

Sabemos también que actualmente trabajan en similares condiciones de precarización laboral alrededor de 150 profesionales en otras áreas gubernamentales, como ser el Organismo de Protección de Derechos, Medidas Excepcionales, Residencias, Casas Abiertas, y otros Programas; que podrían estar atravesando también estas situaciones de “vacaciones”.

Es por ello, que como Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, queremos dejar fehacientemente en conocimiento que actualmente, un alto porcentaje de los 190 jóvenes alojados/as en el Complejo Esperanza/CESAM, quedan sin seguimiento e intervención profesional. Sabemos que el proceso de los/as jóvenes en conflicto con la ley penal que ingresan al Centro Socio educativo presentan situaciones particulares de vulneración de derechos; por lo cual intervienen equipos técnicos.

Mientras que es el Centro de Admisión y Diagnóstico el que realiza los informes iniciales (trabajadora social y psicólogo/a), desarrollando las visitas en domicilio y entrevistas a las familias de los/as jóvenes, para llevar a cabo la entrevista y valoración diagnóstica inicial, para luego materializar en un informe, hablamos aproximadamente de 16 familias con las cuales intervienen por mes cada profesional, teniendo un conteo desde marzo del 2019 hasta diciembre un total de 908 jóvenes. Acá también se obligó a la Trabajadora Social a tomar vacacionesintempestivamente.

En cuanto al proceso, posteriormente los/as jóvenes cuentan con un seguimiento e intervención de los distintos equipos técnicos zonales; desde el cual se promueve el fortalecimiento de redes de apoyo y contención existentes, la creación de otros vínculos con referentes significativos comunitarios y de su centro de vida, como así también la articulación con políticas públicas, entre otras, en pos de generar acciones desde una perspectiva de restitución y garantía de derechos. Con respecto a ello, tenemos conocimiento de que existirían 79 jóvenes y sus familias quienes quedarían sin ese seguimiento que se transforma en contención y acompañamiento desde la profesión del Trabajo Social siendo interrumpidos aquellos procesos y estrategias comunitarias familiares, vulnerando el derecho de los/as jóvenes y su familia, como así también el ejercicio profesional, ya que la interrupción fue totalmente involuntaria, sin dar participación a las profesionales en la decisión sobre la continuidad del abordaje que veníanrealizando.

Asimismo, es importante dejar en evidencia que el problema respecto a las condiciones laborales, tiene que ver con la irregularidad e incompatibilidad en relación a la articulación entre convenios con el gobierno Provincial y Nacional, que vulnera el derecho laboral de nuestras profesionales.