A favor del aborto legal, seguro y gratuito

Luego de haber realizado un profundo debate abierto con sus matriculadxs sobre la legalización del aborto, el Consejo Directivo del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, de manera mayoritaria, hace pública su adhesión al proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.  

Enmarcados en la Ley Federal de Trabajo Social, precisamos que nuestras incumbencias profesionales se inscriben en la defensa, reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos y sociales, los que son universales, interdependientes e indivisibles para todos los humanos, no solo para algunos.

Desde allí, expresamos que legalizar y despenalizar el aborto implica reconocer que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema que supone un embarazo no deseado, no buscado, no previsto, no evitado, no consentido, y por lo tanto, incompatible con un proyecto de vida. Esto permite reconocer la plena autoridad, capacidad y derecho de las mujeres a resolver y dirigir sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida; y por ello, aspiramos y trabajamos para que la maternidad sea una elección y no un mandato, y que las políticas sociales y sanitarias sean diseñadas en clave de derechos y justicia social, distinguiendo  sexualidad de reproducción.

Las cifras por penalizar y restringir el acceso al aborto seguro en nuestro país son alarmantes y demuestran que penar no reduce la cantidad de abortos realizados: se constituye en una de las principales causas de muerte en mujeres gestantes y se identifican daños en la salud de otras, ante complicaciones por abortos realizados en condiciones inseguras, siendo ambas situaciones totalmente evitabl es.

Por los espacios laborales donde nos desempeñamos profesionalmente, como trabajadorxs sociales no podemos soslayar  que esta realidad se profundiza en las mujeres que viven en condiciones de pobreza, quienes también se encuentran excluidas de otros bienes culturales y materiales, y que por esta condición, son menos autónomas para la toma de decisión sobre sus cuerpos. Ello constituye una doble vulneración de derechos, definida por el género y la clase social.

La situación de la despenalización del aborto no es igual en todo el territorio argentino. En nuestra provincia conlleva una (des)protección especial, ya que –en una suerte de acuerdo gobierno-justicia-iglesia- se ha obstaculizado la implementación del protocolo de aborto no punible, anteponiéndose concie ncias y creencias privadas a las obligaciones públicas y a los derechos de las mujeres.

Entendemos que la legalización del aborto es una cuestión de salud pública, y como tal,  debe ser garantizado por el Estado. Esto habilita la intervención integral de un equipo de salud, permitiendo recibir asesoramiento, acompañamiento, acceso a técnicas seguras, como así también a un programa de anticoncepción post-aborto. Por todo ello, decimos que el acceso a prácticas de salud seguras y cuidadas disminuye riesgos y daños en las mujeres y permite tomar decisiones de manera más informada sobre el cuerpo y la vida; porque como venimos reclamando masivamente, es necesario garantizar “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y gratuito para no morir”.