Comunicado por baja compulsiva de pensiones no contributivas
Desde el Colegio de Profesionales en Servicio Social y la carrera Lic. en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, nos manifestamos en total desacuerdo y rechazo con la decisión del gobierno nacional de dar de baja compulsivamente a un gran número de pensiones no contributivas.
Una política social que se ha mantenido a lo largo de varios gobiernos democráticos, ya se ha convertido en una política de estado y en un derecho adquirido; y como tal, no puede dar lugar a decisiones intempestivas.
Las personas que gozan de este derecho social fueron evaluadas a través de informes sanitarios y socioeconómicos, valorados por profesionales médicos y de trabajo social, de acuerdo a pautas establecidas por ley. Por ello mismo y teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo pueden aparecer nuevas necesidades insatisfechas o que las configuraciones familiares varían, cualquier revisión debe estar sujeta, como mínimo, a los mismos criterios de evaluación.
Desde el trabajo social, observamos que la baja intempestiva en los ingresos, impacta drásticamente en el consumo familiar, por lo que los sujetos deben efectuar diferentes estrategias individuales, familiares y comunitarias, para la obtención de recursos, especialmente para cubrir gastos sanitarios en cuanto a tratamiento, medicación y condiciones habitacionales, necesarios para atender su problemática de salud.
Esta baja compulsiva ha dejado desprotegido al sector más vulnerable de la población, madres con 7 hijos o más y personas con discapacidad e incapacidad imposibilitados para insertarse en el mercado laboral formal. Las pensiones no contributivas constituyen un ingreso fijo y estable, cuyos montos contribuyen a acceder a prestaciones básicas de salud, educativas y sociales, que facilitan su inclusión plena en la sociedad.
Por todo ello el Colegio de Profesionales en Servicio Social y la carrera Lic. en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, aboga por el sostenimiento de este derecho social adquirido que coadyuva al logro de la autonomía de las personas, entre otros derechos, tal como lo propugna la convención de las personas con discapacidad, de rango constitucional en Argentina.
Por lo que esta vulneración de derechos está sujeta a ser denunciada al Comité Regional de las Naciones Unidas, ya que el país adquirió un compromiso internacional.
Finalmente, expresamos nuestro repudio ante cualquier acción estatal que considere a los derechos sociales como un “gasto”, susceptible de convertirse en objeto y variable de ajuste. Este tipo de acciones implican desde nuestra perspectiva, un retroceso en tales derechos, conquistados por los ciudadanos/as.
Carrera Lic. en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba.
Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba.
Seminario “trabajo social y el abordaje de la discapacidad como campo de intervención social”. FCS
Comisiòn de Discapacidad del CPSSPC.
