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Repudio al espionaje interno por parte de las Fuerzas Armadas

15192763_210054126109050_5788550359695666281_nEl Colegio de Profesionales de Servicio Social de la Provincia de Córdoba,  la Dirección de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y el Centro de Estudiantes Facultad de Ciencias Sociales de la UNC , nos manifestamos preocupados al tiempo que repudiamos los contenidos de la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa, publicada el pasado viernes 24 de Febrero  en el Boletín Oficial. Mediante esta resolución, el Gobierno autoriza a personal militar a realizar “informes socio ambientales”.

Creemos por un lado, que ello constituye una clara violación de los DDHH sobre actores políticos y sociales, al permitir a las fuerzas armadas el desarrollo de tareas de inteligencia interna, asunto explícitamente negado en las leyes de Defensa y Seguridad Interior. Nos transporta además, a un pasado oscuro reeditando prácticas propias de la última dictadura cívico-militar, en tanto miembros de la entonces SIDE (Secretaría de Inteligencia) realizaban este tipo de informes.

Al mismo tiempo, configura un claro atropello a las incumbencias de nuestro colectivo profesional, violando de modo evidente la Ley Federal de Trabajo Social (N°27.072) sancionada el 10 de Octubre del 2014 y promulgada el 16 de Diciembre del mismo año. Ella expresa en su Art. 9 inc. 3, que parte de nuestro campo de actuación fundada remite a la “elaboración de informes sociales, informes socio-ambientales, informes situacionales y/o periciales”. Para ello, prescribe de modo explícita la necesidad de título habilitante de Lic. En Trabajo Social. Lo antes dicho, parte de nuestra reafirmación a lo expresado en la mencionada Ley, al sostener que nuestras acciones se enmarcaran “siempre en defensa, reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos y sociales” (Ley Federal de Trabajo Social N°27.072, Art. 9).

Finalmente, llamamos a los diferentes actores involucrados en las tareas de formación y ejercicio profesional del Trabajo Social, a dar los debates y a desarrollar las acciones concretas necesarias, tendientes a revertir esta delicada y agraviante definición gubernamental.

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