En relación a los recientes despidos masivos de profesionales
Desde la Comisión de niñeces, adolescencias y juventudes, del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, levantamos la voz con suma preocupación en relación a los recientes despidos masivos de profesionales que cumplían funciones en la actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Consideramos que, decisiones como las mencionadas, atentan no solo contra los derechos de les trabajadores, sino que inciden significativamente en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel federal, ya que producen un repliegue de las responsabilidades adjudicadas al estado nacional, en la promoción, garantía y restitución de derechos proclamados en la ley Nacional 26061, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23. 849), que dan origen y sustentan el Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes en el territorio argentino.
En relación a las infancias y adolescencias, los recortes en torno al presupuesto 2024 implican una gran preocupación sobre las consecuencias graves que ocasionan en dichas poblaciones, profundizando el corrimiento del Estado en su rol como garante de los derechos.
El despido de profesionales calificadxs, competentes y necesarixs para abordar y acompañar las situaciones de las niñeces y adolescencias, las modalidades informales y precarizadas de contratación y las políticas de desmantelamiento, que se expresan en la reducción o nula partida presupuestaria, no responde más que a un claro interés de ubicar a los niños, niñas y adolescentes por fuera de la agenda pública y el interés político del Gobierno nacional, significando un retroceso rotundo para nuestro país en materia de Derechos Humanos.
Hacemos Público, como colectivo de Trabajadorxs Sociales, que estos despidos junto al desmantelamiento de políticas de asistencia que lleva adelante la Cartera de Capital Humano desde enero (no entrega de alimentos a merenderos y comedores comunitarios, no entrega de medicación oncológica, etc.) en el momento en que se dan a conocer los alarmantes índices de pobreza en nuestro país, (24,9 millones de personas son pobres, -52,9%-, mientras que el 18,1% de la población de todo el país no pudo tener cubiertas las necesidades alimentarias básicas, lo que representa a 8,5 millones de personas; donde los datos de pobreza infantil arrojan que el 66,1% de los menores de 14 años son pobres y el 27% se encuentra en situación de indigencia), afecta gravemente las Garantías Constitucionales de las infancias y adolescencias frente a un contexto de extrema vulneración de sus derechos sociales, económicos, educativos, de salud, recreativos y culturales.
Comisión de Niñeces, Adolescencias y juventudes
CPSSPC
