Federaciones de Trabajo Social en Argentina en alerta por medidas que afectan derechos sociales y formación profesional
Las federaciones de Trabajo Social en Argentina han emitido un pronunciamiento en el que expresan su malestar y estado de alerta ante las medidas del gobierno nacional que impactan directamente en los derechos sociales y la formación profesional de los trabajadores sociales en el país. El congelamiento presupuestario en las Universidades Públicas Nacionales ha generado preocupación, ya que afecta la labor educativa y de investigación que estas instituciones brindan a la sociedad. Este pronunciamiento destaca la importancia de defender los principios de justicia social, derechos humanos y democratización de las relaciones sociales en un contexto donde se observa un achicamiento de programas y políticas sociales que atienden a sectores vulnerables de la población. La resistencia y el compromiso por la defensa de los derechos adquieren relevancia en este escenario de incertidumbre y desafíos para el campo del Trabajo Social en Argentina.
La Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social y la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social manifestamos nuestro malestar y estado de alerta ante las medidas del gobierno nacional que afectan directamente los derechos sociales conquistados y garantizados constitucionalmente. Dichas medidas, además ponen en riesgo nuestros espacios de formación y ejercicio profesional como trabajadoras y trabajadores sociales del país.
Como es de público conocimiento, las Universidades Públicas Nacionales -centros fundamentales en nuestra formación profesional de grado y posgrado- atraviesan una situación crítica ante el congelamiento presupuestario que es acompañado de constantes ataques a la función social que las mismas, a través de la docencia, la investigación y la extensión ponen al servicio de la sociedad a través del conocimiento científico que co- producen.
Paralelamente se produce el cierre y achicamiento de un conjunto de Programas y Políticas sociales que venían -desde hace años- abordando las complejas situaciones de vida de grandes sectores de la población, especialmente los que atraviesan mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Ello se expresa en el anuncio de cierre y despidos en diversos organismos gubernametantales como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), los Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social y la reestructuración de Ministerios, espacios donde se materializa y garantiza el acceso a bienes y servicios públicos para las poblaciones más afectadas por las desigualdades que se generan por modos injustos de distribución de recursos y de accesos a derechos en nuestro país. Cabe destacar, que en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, los despidos han afectado en su mayoría a profesionales del Trabajo Social.
Reconocemos una mayor inserción ocupacional de Trabajo Social en el ámbito estatal, constituyéndose el Estado en sus diferentes niveles en nuestro mayor empleador. El surgimiento de Trabajo Social y su trayectoria histórica consolidan un espacio profesional vinculado a lo público estatal y lo público societal. Desde esos recorridos hemos enunciado colectivamente el sentido de ser de nuestra profesión, en cuyo horizonte se ubican los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad (Art. 4 Ley 27.072).
Queremos expresar nuestra alarma ante las menciones denigratorias hacia quienes ejercen sus profesiones y diferentes roles como trabajadoras y trabajadores estatales, desdeñando lo público y las formas en que desde el Estado se contribuye al bienestar de la sociedad, siendo utilizadas para justificar el ajuste que están imponiendo a la sociedad. Construir discursos de odio no hace más que agregar divisiones a la sociedad.
Desde la reapertura democrática, nuestro colectivo profesional de Trabajo Social se ha fortalecido y ha apostado al desarrollo de su formación científico-académica de grado y posgrado, consolidando sus fundamentos teóricos, metodológicos, éticos y políticos.
Despidiendo profesionales de trabajo social, proponen atenciones mediadas por tecnologías, dejando a la deriva de un 0800 a quienes se ven afectados por la agudización de los problemas sociales ante el deterioro de las condiciones de vida. A su vez, se desconocen y deslegitiman los saberes profesionales del Trabajo Social en el abordaje y análisis de las complejas expresiones de la vida social, buscando instalar nuevas lógicas de intervención caritativas, filantrópicas que nos retrotraen al siglo XIX y principios del siglo XX que no han hecho más que perpetuar condiciones de desigualdad y exclusión en nuestra sociedad.
Nuestra profesión se rige por la Ley Federal de Trabajo Social (N° 27072) en la que se definen nuestros horizontes y pilares de formación e intervención profesional que venimos a reafirmar: “jerarquizar al Trabajo Social por su relevancia social y su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales” (Art. 3 inc. a).
Desde estos marcos normativos, y con la inmensa preocupación que nos atraviesa como profesionales y habitantes de este país, nos pronunciamos públicamente como un acto de resistencia, existencia y en el compromiso de sostener la defensa irrestricta de nuestros derechos y todos los derechos que se han construido y conquistado a lo largo de nuestra historia.
13 de marzo de 2024.-
