Nuestro horizonte son los derechos
La Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba se expresan frente al debate sobre la pobreza en los medios de comunicación.
La pobreza es un tema controversial. Podrían, esquemáticamente, plantearse dos perspectivas en su análisis: por una parte, la consideración de la pobreza como fenómeno que se autogenera, y por otra, su consideración como un fenómeno relacional, multidimensional e histórico-social: relacional porque la pobreza no puede comprenderse sin analizar simultáneamente su opuesto, la riqueza; multidimensional, porque su análisis exige considerar numerosas variables que superan el ingreso monetario (acceso a la salud, a la educación, vivienda, alimentación, en definitiva, lo establecido por nuestra Constitución Nacional); histórico-social, porque no es un fenómeno natural.
Es equivocado pensar en la existencia de “Estados presentes” y de “Estados ausentes”, porque el Estado siempre está; en algunos modelos, sus políticas se dirigen a reducir las asimetrías y a proteger a los sectores más desfavorecidos; en otros, sus políticas se orientan al fomento de la concentración de la riqueza a través de la transferencia de recursos a los sectores más ricos. Una herramienta fundamental para configurar una distribución “progresiva” (a favor de las mayorías) o “regresiva” (a favor de las minorías privilegiadas), es la política de subsidios, que tanto se discute en estos días.
Históricamente, los procesos de reducción de la pobreza nunca han sido producto del libre mercado, sino que siempre ha sido producto de políticas estatales dirigidas a disminuir las asimetrías. Hemos leído en un reciente artículo firmado por Adrián Simioni, que “de tanto subsidiar la pobreza, terminamos fabricando, obviamente, más pobreza”. Llama la atención que se eluda que distintos gobiernos –tanto democráticos como dictatoriales- han establecido subsidios que abarcan a la totalidad de la población: entre otros, a la educación privada, a las instituciones religiosas, a los servicios de luz, gas y transporte; se soslaya asimismo el modo en que se modifican los regímenes tributarios para favorecer la concentración de la riqueza en pocas manos. En tal sentido, las políticas públicas lejos de ser “un vademécum inédito de subsidios y programas sociales” son dispositivos a través de los cuales los Estados definen un modelo de sociedad, más o menos inclusivos. Observamos al respecto que muchas de las medidas asumidas por el actual Poder Ejecutivo Nacional lejos de disminuir la pobreza y la discriminación, la profundizan. Los modelos inclusivos, en cambio, tienden a la satisfacción de necesidades que aseguren el derecho de todos los ciudadanos a una vida digna. De eso se trata: de derechos, no de favores. De reconocimiento, no de estigmatización.
En tal sentido las ciencias sociales, y las instituciones en las que nos desarrollamos –las universidades públicas y las asociaciones de profesionales – tenemos el compromiso de cuestionar las opiniones que, soslayando cualquier referencia teórica, intentan desestimar políticas de distribución y de reconocimiento, alentando de este modo la perpetuación de la injusticia, tanto económica como socio-cultural.
Como trabajadores sociales, tenemos el doble reto de comprender la realidad social y de proponer intervenciones que promuevan la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, y la democratización de las relaciones sociales. Para nuestra profesión, no se trata de una elección, sino de una prescripción legal: la Ley Federal de Trabajo Social 27072, nos exige “proteger el interés de los ciudadanos… negarse a realizar actos o colaborar en la ejecución de prácticas violatorias de los derechos humanos…tener como principios rectores los derechos humanos, la justicia social, la ciudadanía y la forma de vida democrática”.
Respaldados por la ley, señalamos la improcedencia de los interrogantes que desvelan a Adrián Simioni: “¿Será el turno de los trabajadores sociales que secundaban a Alicia Kirchner? ¿O de los cientistas sociales que desde las universidades o el Conicet aplaudían como hechos consumados los planes que Cristina Fernández de Kirchner les anoticiaba por cadena?…Las teorías, políticas y tecnologías del “Estado presente” fueron muy efectivas para quemar presupuestos en militancia y relato, pero no para lograr objetivos, es evidente.” Y reivindicamos el lugar que como profesión y cientistas sociales desarrollamos tanto en el análisis de la cuestión social, como en los procesos de intervención profesional, en el ámbito del Estado como de la sociedad civil. Va también nuestra solidaridad a las organizaciones sociales, y a los sectores sociales que representan, estigmatizadas por el mismo artículo.
