Reflexiones sobre nuestro rol en territorio durante la pandemia

Por: Paula Candusso y Paula Badra Pereyra (Miembros de la red de trabajadores sociales en comunas y municipios.)

En los días que corren, ante la medida decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, reflexionamos respecto el rol fundamental del trabajo social y de las políticas públicas en el marco de una pandemia mundial.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, la población argentina se encuentra en aislamiento social, preventivo y obligatorio por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.

Como fundamento para la toma de esta medida, entre otros puntos, se consideran:
– La declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del brote del nuevo coronavirus como una pandemia.
– El informe de la OMS con fecha 19 de marzo de 2020, que constata la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegando a nuestra región y a nuestro país hace pocos días.
– Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.

El Decreto rige para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él de forma temporaria, quedando exceptuadas, como versa el Artículo 6, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, enunciando mediante un listado las actividades comprendidas.

Quienes habitamos de manera residencial o laboral en comunidades pequeñas, como es el caso de municipios y comunas -lugar desde el cual escribimos-, venimos observando una fuerte presencia de autoridades, personal de salud y personal de fuerzas de seguridad como servicios esenciales para el tratamiento de la situación que atravesamos. Se evidencia en la presencia física y simbólica estos actores, otorgándoles casi de manera exclusiva la atención de situación que surja; generando la monopolización la intervención de éstos en las más diversas de las demandas para las cuales no están formadas ni capacitadas.

Analizando esta situación común a varios territorios, nos surgieron algunos interrogantes al respecto, que nos animó a escribir este artículo. ¿Son estos tres actores quienes pueden asumir la responsabilidad ética ante problemas o demandas que escapan a sus incumbencias? ¿quiénes tienen esa formación profesional indiscutible de intervención en “lo social”? entonces… ¿cuál es el rol nuestro como trabajadoras/es sociales con incumbencias y saberes profesionales específicos para poder dar lugar a una intervención fundada en ciertas situaciones? ¿cuál es el lugar que nos otorga el Estado en el marco de esta pandemia mundial? ¿la sociedad? ¿en qué lugar nos ubicamos nosotres ejerciendo la profesión? desde un perfil asistencialista, tecnocrático, clientelar, crítico?

Estos vestigios de modelos anacrónicos del ejercicio profesional entran a jugarse y disputarse en los momentos de crisis, no sólo desde lo discursivo, sino también en el campo de la intervención propiamente dicha. Modelos que nos vuelven a colocar como auxiliares médicos, auxiliares en los jurídico y donde la legitimidad de la fuerzas de seguridad es mayor que la nuestra.

Concebimos que el Estado es y debe ser un Estado presente, consideramos que este último periodo a partir de una nueva gestión se ha demostrado un cambio en el modelo económico-político del país. Hoy demuestra su presencia a través de trabajo comprometido y sostenido en la elaboración, diseño e implementación de políticas públicas inclusivas, teniendo como eje transversal la idea de reconstrucción del tejido social y la garantía de derechos apostando a una ciudadanía para todos y todas. La presencialidad del Estado se marcaría entonces por las políticas públicas que implementa, en pos de qué derechos promueve y garantiza. Ahora bien, si el estado se materializa a partir del diseño, elaboración e implementación de políticas públicas para hacer efectiva la garantía de derechos, es importante re-preguntarse qué rol le incube a nuestra profesión aquí y en estos momentos de crisis. Sin ser ambiciosas y a raíz de pecar de inespecificas todo lo concerniente al cumplimiento efectivo de esos Derechos.

Las y los trabajadores sociales somos la principal profesión, cuya incumbencia se vincula al diseño, elaboración e implementación de la política pública en general y particular, somos hacedores del Estado, nuestros ejercicios profesionales se vinculan a la promoción de derechos de las personas, con un aporte específico respectos las necesidades que nos diferencian de otras profesiones. Somos quienes intervenimos en la complejidad de las situaciones de la vida cotidiana de les sujetes donde los derechos no están garantizados, en esos intersticios y con ese rol y saber específico.

Pero en estos momentos de emergencia, se vuelven a las disputas clásicas, con nuevos reveses discursivos. Las políticas prevalentes que toman fuerza y legitimidad son las vinculadas a lo sanitario y a la seguridad. Concibiendo a la seguridad no en clave de garantías sociales, sino aquellas mediadas por fuerzas policiales y armadas. Si bien comprendemos el espíritu de la utilización de las fuerzas de seguridad, en pos de la efectivización y cumplimiento del DNU 297/2020, queda por fuera de las competencias vinculadas a la situaciones de vulneración de derechos simbólica y material de las personas en su cotidianidad.

Si partimos del concepto de salud propuesto por la OMS, como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; esto implica reconocer el carácter socio sanitario del proceso salud enfermedad no meramente desde la hegemonía biológica. Allí es donde entra en juego nuestro rol como profesionales, abordando los padecimientos subjetivos, simbólicos y materiales de los sujetos y garantizando la protección de sus Derechos fundamentales.

Reiteramos, de esta manera, que consideramos necesario pensar de manera particularizada cómo impactan las decisiones respecto a la situación del COVID-19 en la cotidianeidad de los sujetos con los/as que trabajamos y desarrollar estrategias de intervención que garanticen la accesibilidad a los recursos y servicios indispensables y a las condiciones objetivas de existencia, en particular de los grupos poblacionales más vulnerables. Por lo general, estos equipos de salud o de seguridad no disponen de los mecanismos e instrumentos de protección necesarios para el conjunto de la sociedad que abarque no solo la prevención de la propagación del coronavirus sino además del seguimiento y protección de sujetos en situación de vulneración. Porque nos referimos a un universo que va más allá del punto de vista económico y físico sino de su integridad bio-psico-social. En relación a este punto, es imprescindible estandarizar criterios comunes de actuación como profesionales por excelencia de “lo social” ante la emergencia sanitaria atravesada.

Para esto resulta fundamental reconocer al rol de les profesionales del trabajo social como esencial en el acompañamiento y gestión de demandas que presenta la ciudadanía ante necesidades materiales y simbólicas. Esto no sólo dentro de los equipos de salud o gestión, o incluso del ámbito de la política de seguridad, sino además en los servicios y áreas sociales de los distintos niveles gubernamentales.

Y en este sentido nos seguimos preguntando algunas de las contradicciones con las que nos encontramos…

¿Quién vela por las necesidades específicas de grupos familiares sin posibilidad de tener un accesos a la vivienda digna en épocas de #quédateencasa?

¿Cuántas situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes se recrudecen durante la medida de aislamiento preventivo social? ¿Cómo se valoran estos riesgos? ¿Con qué instrumentos profesionales e instituciones del Estado contamos hoy en la urgencia?

¿Cómo garantizamos el acceso a un ingreso económico mientras se hacen efectivas las políticas públicas anunciadas? ¿En qué condiciones disputamos, trabajamos y abordamos esto en una situación similar a la que nos encontramos la mayoría del colectivo de profesionales en Servicio Social?

¿Con qué legitimidad disputamos el actuar de fuerza de seguridad en el campo de lo social, si no reflexionamos respecto nuestro rol en estos contextos, nuestra formación y las relaciones de poder en el campo de las profesiones? ¿acaso nuestra propia ética profesional no nos obliga a denunciar y visibilizar situaciones de intrusismo profesional de otros actores en nuestro campo?

Estos son algunos de los interrogantes, sin responder, que nos estamos haciendo en el día a día, en el marco de esta pandemia.


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Reflexiones en tiempos de cuarentena

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