Repudio sobre el discurso transodiante del ministro Federico Massoni (Chubut)

El empleo es nuestro problema, entendido como el gran organizador de la vida de las personas, y es el gran paso que tenemos como desafío, porque es el trabajo el que nos cambia la vida y porque además tenemos que ser sujetas de ese cambio revolucionario. Lohana Berkins

Cuando yo me vaya sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia trava, sudaca, originaria. Diana Sacayán

Escribo sobre un mundo que da risa.La declaración de los derechos humanos existe porque lo natural es la injusticia humana.La derecha roba y asesina en nombre de dios y se convierte en la fuerza más peligrosa en contra de la humanidad. Todo esto me empelota. Claudia Rodríguez

Desde el Foro Federal de Géneros y Diversidad Sexual de la FAAPSS manifestamos nuestro repudio sobre el discurso transodiante de Federico Massoni, Ministro de Seguridad de la provincia de Chubut (funcionario del gobierno de Mariano Arcioni, Partido “Chubut al frente”) en lo que respecta a la Ley de Cupo laboral travesti trans y transgénero recientemente aprobada por el Senado argentino e ignorando por completo la Ley nacional de Identidad de Género (N° 26.743), refiriéndose a las mujeres trans de forma discriminatoria y despectiva. Consideramos que dicho discurso no hace más que reforzar estigmas hacia poblaciones LGBTIQ+, históricamente oprimidas, violentadas y silenciadas (de especial manera por la institución policial).

Si bien hubo avances en Argentina a nivel de normativas que protegen y apoyan el acceso a los todos los Derechos de las personas que pertenecen a poblaciones LGBTIQ+, resulta aberrante que funcionaries públicos que ocupan lugares de poder dentro del ámbito estatal sigan reproduciendo discursos de tal envergadura (discursos que no se agotan en sí mismos, sino que sustentan una serie de prácticas opresivas en todo su campo de incidencia).

Como ya afirmamos en nuestro noveno pronunciamiento (febrero de 2021), “estas situaciones nos interpelan como profesionales de trabajo social, por ello es que ratificamos la necesidad de dar efectivo cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales que velan por la integridad de las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas. En ellas, hacemos especial énfasis en la implementación de la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, para que todes les funcionaries que se desempeñan en los tres Poderes del Estado y en todos los niveles jerárquicos sean capacitades en perspectiva de géneros y disidencias sexuales, principalmente para quienes se desempeñan en el ámbito de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, instituciones cuya función social es la de proteger y hacer justicia legítima. Estos organismos deben ser los primeros en incorporar la perspectiva de géneros, disidencias sexuales y Derechos Humanos en el accionar cotidiano que desarrollan y en los procesos formativos de nóveles agentes, pues -de lo contrario- terminan reproduciendo una violencia institucional que ya debería haber sido desterrada, con los significativos avances alcanzados en materia Derechos Humanos de mujeres y disidencias sexuales”1.

En este sentido, la Ley Micaela propone procesos de formación integral, tanto en la adquisición de herramientas para identificar las desigualdades de género como en la elaboración de estrategias para su erradicación. A su vez busca disputar contenidos del sentido común, aportando otros que cuestionen la desigualdad y la discriminación, interpelen y transformen las prácticas concretas de cada intervención, cada cosa que hacemos, cada trámite, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. La Ley Micaela se constituye en una instancia clave para jerarquizar la formación de tode funcionarie.

Es por ello que consideramos necesario repudiar (por su gravedad) las afirmaciones del Ministro Massoni, en ocasión a su propuesta de bajar la edad de imputabilidad, oportunidad en la que desde un discurso de derecha cargó contra la ampliación de derechos para travestis y trans

Dijo que no está de acuerdo con los cupos para personas trans, ya que él prefiere hablar de un “cupo de capacidad” y no de un “cupo obligado”

.“No importa si esta persona se siente mujer o le gusta vestirse como mujer, la vamos a tratar como mujer y la vamos a contratar porque tiene la capacidad, no porque estamos obligados ya que eso es un retroceso”.“La política de género no es sacar una Ley y decir que todos tienen que contratar gente con barba, hay que hablar de contratar gente con capacidad”.

“Nosotros tenemos gente trans que trabaja en el Ministerio, que trabaja extraordinariamente bien y tiene una capacidad maravillosa. Yo no quiero hablar si es trans, sino de la capacidad que tiene”

.Queda a las claras la gravedad de las afirmaciones. No obstante, nos parece importante mencionar que estos dichos puntuales del ministro Federico Massoni no constituyen una situación aislada respecto a su discurso, sino que sistemáticamente de su parte encontramos frases y opiniones misóginas, como cuando en junio del 2018 comparó las tomas pacíficas de edificios públicos por parte de les trabajadores (en el marco de los reclamos provinciales) con “violaciones consentidas”5. La adecuada implementación de la Ley Micaela en ese territorio provincial es urgente.

En cuanto a la normativa aludida por los dichos del ministro, corresponde recordar que el pasado 25 de junio de 2021 se aprobó en nuestro país la ley de PROMOCIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO FORMAL PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO. La norma lleva el nombre de Diana Sacayán y Lohana Berkins y contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos y demás organismos deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo. A eso la ley llama “cupo laboral”: que las personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad, deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos.

En cuanto al fundamento presente en las bases de dicha ley, se encuentra el principio general que afirma que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho a un trabajo digno y productivo; a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad o expresión de género. En este sentido, no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos.

El cupo laboral travesti-trans ya es ley en Argentina, y esto representa tanto un avance en materia de ampliación de derechos como el reconocimiento de una lucha histórica consolidada (aspectos de altísima valía para los principios que resguarda nuestra Ley Federal de Trabajo Social, Ley 27.072, art. 4). Ningune funcionarie debiera pronunciarse ni actuar fuera de los pisos normativos que regulan la convivencia democrática y el Estado de Derecho. Es por ello que adherimos al pedido de renuncia del ministro de Seguridad Federico Massoni, solicitado por las organizaciones LGBTIQ+ en el territorio chubutense (previo a que el funcionario se retracte públicamente de sus dichos) y solicitamos intervención de oficio al Ministerio de mujeres, géneros y diversidades de la República Argentina (organismo de aplicación de la Ley Micaela), a fin de hacer efectivo el monitoreo y control del cumplimiento de dicha ley en la provincia de Chubut.

#BastaDeTransodio

¿DÓNDE ESTÁ TEHUEL?

Nos seguimos preguntando. Conviene recordar, a propósito de la situación que se repudia en este pronunciamiento, que Tehuel desapareció mientras se dirigía a una entrevista de trabajo. Esto da cuenta de la importancia y la necesidad de crear, respetar y hacer cumplir marcos regulatorios y estrategias que garanticen el acceso al trabajo a las personas travestis-trans.