Exigimos que se investigue tan grave delito
En virtud del estado público que en el día de la fecha ha tomado la presunta situación de abuso sexual perpetrado a una niña con discapacidad, alojada en la residencia Eva Perón (uno de los centros pertenecientes a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia -Senaf-, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba) y teniendo en cuenta que en dichos Centros les niñes se encuentran bajo medidas de protección y cuidado, que debieran resguardar sus Derechos y ofrecerles entornos seguros y saludables, es que como Consejo Directivo del CPSSPC expresamos nuestro más profundo dolor por las múltiples y complejas implicancias de la situación.
Desde este Colegio de Profesionales hemos visibilizado múltiples situaciones de abandono de las niñeces y adolescencias por parte del sistema de protección de derechos de NNyA; hemos acompañado a nuestras colegas que valientemente elevaron su voz ante los responsables no sólo del poder ejecutivo, sino también del poder judicial quienes tienen el deber de controlar las medidas excepcionales tomadas por la SENAF y en definitiva velar por el bienestar de NNyA. Como consecuencia de ello, 3 trabajadoras sociales fueron expulsadas de su trabajo, dos trasladadas compulsivamente y una investigada, además de la creciente inobservancia de las incumbencias profesionales por parte de les responsables de las residencias.
En este marco de gravedad, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, no responde a tres pedidos consecutivos de audiencia.
Conscientes de nuestra responsabilidad institucional, abogamos por la concreción de espacios de diálogo que permitan superar la actual situación en la que desarrollan su trabajo nuestres matriculades en el ámbito de la SENAF y exigimos como actores sociales, que se investigue tan grave delito y se arbitren los medios y las medidas necesarias para que toda personas que tuviere algún nivel de conocimiento y/o complicidad con estos hechos, sea sometida a los procesos judiciales correspondientes, deseando este Consejo que las penas a aplicar sean ejemplares.
Que grave está situación que denuncian pero en tanto no se rompa el blindaje mediático que tiene el gobierno local serán voces no escuchadas y luchas fragmentadas. Hace falta el armado de un frente de organizaciones que trabajen en ese sentido. Desocultar las alianzas de gobierno y los actos de corrupción que tienen consecuencias como este hecho aberrante!!!