PRONUNCIAMIENTO POR SITUACIÓN DE PENSIONES NACIONALES Y EMPLEO
Desde el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba denunciamos la existencia de una política progresiva de achicamiento del Estado enfocado en las políticas vinculadas a los sectores más vulnerables, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad a través de más de 60 despidos de empleados en todo el país, el cierre de centros de atención por falta de pago de alquiler, más de 100.000 pensiones paralizadas en distintas áreas de evaluación de la Ex Comisión Nacional de Pensiones y el cese del pago de “Incluir Salud” poniendo en peligro la cobertura de salud para las/os pensionados/as.
La “reestructuración” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la actual gestión de gobierno significa en realidad la reducción progresiva de programas y políticas destinadas a los/as ciudadanos/as en situación de pobreza y vulnerabilidad social. La misma consiste en:
Que a través del Decreto 698/2017 Se suprime la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y se crea la Agencia Nacional de Discapacidad. Transfiriendo al ANSES la gestión de las Pensiones de Madres, Vejez y Leyes Especiales.
Estas medidas desdibujan el rol del/la Trabajador Social, dado que cambian los criterios de evaluación priorizándose netamente los médicos y economicistas. Detrás de estas exigencias se pierde la valoración integral de la persona con discapacidad/incapacidad.
Programas de Asistencia Directa: desde mayo del 2017 no se inician ningún pedido de Ayudas Urgentes (colchones, chapas, colchas), Ayudas Económicas por Única Vez para personas con situación grave de salud. La provisión de Medicación Oncológica no provista por Organismos Provinciales y Municipales pasó a ser competencia del Ministerio de Salud, y en la actualidad hay una demora de seis meses en la entrega poniendo en riesgo de vida de las personas.
Economía Social: La inscripción al monotributo Social (destinado a la población vulnerable que trabaja por su cuenta en emprendimientos productivos o de servicios) fue transferida al ANSES. El programa Talleres Familiares (otorga herramientas de trabajo para emprendedores de la economía social) no tiene nuevos inicios desde abril de 2017, se devolvieron innumerables gestiones sin contar con el dato preciso por decisión política y otra gran cantidad que están en curso sin saber si serán entregados. Mientras que los proyectos de capacitación laboral para organizaciones y municipios presentados entre 2016/17y lo que va del presente año se devolvieron sin ser otorgados, exigiendo nuevos requisitos permanentemente.
Programa Alimentario: en toda la Provincia de Córdoba sólo están incluidas 26 organizaciones donde funciona el comedor, estando cerrada la posibilidad de nuevas incorporaciones pese al aumento de la demanda constante de nuevas organizaciones.
En el del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Nación se observa el mismo objetivo de constricción estatal, ya que se suspendió el Programa de “Seguro Capacitación y Empleo”, el cual contenía a los grupos vulnerables comprendidos por Mujeres en Situación de Violencia de Género, Colectivo Trans, personas que atraviesan situación de prostitución y/o han sido víctimas de trata, personas que presentan consumo problemático de sustancias y Trasplantados y se implementaba desde la Municipalidad de Córdoba a través del Servicio Social de la Dirección de Empleo y Capacitación Laboral.
Teniendo en cuenta que no hay políticas sociales sin Trabajadores Sociales esta reestructuración que quita incumbencias al Trabajo Social, socaba la integralidad de la intervención en los problemas sociales y así vulnera los derechos de los ciudadanos.
Bajo el lema de la transparencia, la modernización, eficiencia, eficacia mediante el decreto 339/2018 se crea el Modelo de Gestión Unificada (Ventanilla Única Social en ANSES) sellando así una forma tecnocrática para abordar la complejidad de la problemática social.
Con el discurso de modernización del Estado, están vaciando programas y políticas deshumanizando el expediente, tomando mayor importancia a la información que se obtiene a través del cruce de datos en sistema despojando la valoración/intervención profesional, la interpretación de cada situación en particular. Se pierde la historia de vida del sujeto en su contexto, restringiendo el acceso, aumentando la brecha entre la ciudad y el campo, no teniendo en cuenta las características regionales y homogeinizando a las personas, dejando de lado la particularidad de cada familia, llevando a que se produzca mayor exclusión.
Todo este proceso de reformas lleva como desenlace inevitable la precarización laboral, el aumento del desempleo de los profesionales, produciendo como contracara la vulneración de derechos de los sectores más postergados de la sociedad.
No estamos en contra de la necesidad de mejorar el nivel de atención en el empleo público y acortar las distancias burocráticas para acercar al ciudadano a la política pública, pero atrás de estas reformas se oculta la verdadera cara del actual gobierno que es disminuir el Estado a su mínima expresión.