Balance y desafíos

En dos décadas de vigencia, los logros en la legislación son claros, pero igual de comprometidos son los retos y desafíos, tal como nos planteamos emprender la tarea que nos convoca en la conformación de estos desafíos, es que nos proponemos como colectivo, generar un espacio de consenso en la profesión en relación al trabajo con la niñez y la adolescencia desde el paradigma de Protección Integral de los Derechos. El presente documento es producto del trabajo del trabajo que desde hace casi dos años viene realizando el espacio de niñez y adolescencia del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba.

Se proyecta para el año siguiente apostar a la continuidad de la comisión de niñez y adolescencia, elaborando como colectivo profesional criterios e instrumentos que orienten a los procesos de intervención desde un enfoque de derechos. En particular en función de las siguientes necesidades y preocupaciones comunes relevadas por los colegas que participaron en distintas instancias:

• * La particularidad de las entrevistas con niños y adolescentes y la elaboración de lineamientos orientativos al respecto.
• * Diseño de criterios en cuanto al abordaje de situaciones de mayor vulnerabilidad socio familiar delineando: Modos para implementar el respaldo institucional como parte de las estrategias de intervención profesional como en cuanto al modo de articular a nivel interinstitucional desde el principio de la corresponsabilidad.
• * Modalidades de registro y documentación de las intervenciones profesional como de las demandas institucionales y respuestas de las organizaciones o entidades a quienes se deriva la atención de las situaciones socio familiares.
• Documento generado por Comisión de Infancia Colegio y ETS.

Córdoba, octubre de 2013

Introducción

Este documento es producto del trabajo que desde hace casi dos años viene realizando el espacio de niñez y adolescencia del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba que cuenta con la participación sistemática y sostenida de las Lic. Luciana Malpiedi, Carolina Allende, Patricia Liascovich, Paola Garcia y Gabriela González Ramos, con el interés de generar, sistematizar y organizar conocimiento científico para nuestra intervención profesional.

A partir de diversas demandas, debates y de un proceso de capacitación realizado en el 2012, se presenta el desafío de construir lineamientos para el trabajo profesional con niñxs, niñxs y adolescentes. Es allí, donde se suma a este proceso desde la secretaría de extensión Lic. Susana Andrada, la oficina de graduados Lic. Andrea Machado y la especialización en niñez y adolescencia de la ETS Lic. María Inés Peralta.

Los actores antes mencionados, consideramos importante generar un espacio de consenso colectivo en la profesión en relación al trabajo con la niñez y la adolescencia desde el paradigma de Protección Integral de los Derechos. Para ello se planificó y desarrolló un Foro denominado “Estrategias de intervención del Trabajo Social desde la Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Rupturas, aportes y desafíos” donde participaron 32 colegas que se desempeñan en diferentes áreas y jurisdicciones de la política pública, 6 colegas representando al colegio de profesionales y 4 colegas de la ETS y cuyos objetivos fueron:

• • Promover la reflexión colectiva sobre las rupturas, desafíos y aportes de la profesión en el contexto de cambios normativos e institucionales de niñez y adolescencia.
• • Favorecer la apropiación de nociones centrales del paradigma de la protección integral y el enfoque de derechos en el ejercicio profesional del trabajo social.
• • Consensuar lineamientos básicos de la intervención del Trabajo Social en la niñez y adolescencia.
• La metodología del FORO posibilitó entablar un diálogo entre colegas de trabajo social sobre el ejercicio profesional de cara a la restitución, promoción, y protección de los derechos de niños/as y adolescentes. La propuesta fue encontrarnos para tomar la palabra y pensar nuestras prácticas profesionales, para desde allí comenzar a construir y sistematizar lineamientos que aporten al abordaje con enfoque de derechos.

En base a los debates, consensos, aportes de la abogada Julia Reartes y al trabajo posterior de reflexión de la ETS y el CPSSCBA, es que surgen estos primeros criterios orientadores a tener en cuenta para la intervención profesional con niñxs, niñxs y adolescentes. Queremos aclarar, que es una primera versión que nos interesa seguir profundizando como colectivo profesional.

Algunas reflexiones y acuerdos.

A continuación presentamos los criterios orientadores de la intervención profesional acordados y construido por el grupo de colegas participantes del foro:

Respecto a las estrategias de intervención del Trabajo Social:

1) Necesidad de pensar estrategias que consoliden el camino recorrido en relación a institucionalización del paradigma de la protección integral de derechos, para ello es fundamental sostener lecturas críticas de nuestras prácticas profesionales, evitando aquellas que traccionan hacia el paradigma anterior. Un nudo de tensión compartido es la relación profesional/institución. Respecto a ello se mencionaron como criterios estratégicos:

a) Solicitar por escrito las demandas desde la institución hacia el profesional, revisar los modos institucionales, qué lugar ocupa el TS en la nueva institucionalidad, y si está ocupando el rol que le corresponde por ley.
b) Considerar la vulneración de derechos de NNyA desde el Estado desde los indicadores de proceso que permiten monitorear la forma en que se organizan las políticas públicas (por requisitos de acceso, cantidad de profesionales, etc). Al respecto se trabajó sobre la tensión que implica posicionarnos como profesionales desde la justicia social que trabajan en instituciones que vulneran derechos: ello implica tomar posturas / decisiones colectivas (al interior de cada institución y/o con el colectivo de profesionales en general) en las situaciones en las que hay que denunciar o poner límites a los procedimientos institucionales que vulneran derechos.

2) Otra dimensión importante es el avance del colectivo profesional a la hora de intervenir, que significa un mayor y mejor uso de herramientas teóricas. Se refuerza la convicción de contar con procedimientos efectivos, pertinentes y sostenidos, con instrumentos generados desde nosotrxs, hacer un esfuerzo por dar sistematicidad a las intervenciones en torno a prácticas donde se destacan: articulación, trabajo en red, seguimiento/ acompañamiento, comunicación, corresponsabilidad, revisión de roles asignados, evitar prácticas de control/ adoctrinamiento. Se hace necesario consolidar estrategias que den institucionalidad a esta nueva forma de intervenir, que permitan transformar miradas y prácticas, para no reproducir el modelo tutelar. Volver permanentemente a los derechos vulnerados y resignificar en la intervención la restitución de derechos. Todo esto se sintetiza en leer la situación que desencadena la intervención, todas sus etapas y costados, desde los derechos: definirla en términos de derechos vulnerados para luego hablar de condiciones de vida que los expresan; actores responsables de su vulneración y aquellos responsables de su restitución para luego indagar sobre recursos institucionales existentes, necesarios, a crear y exigir; sujetos de derechos para colocar a las personas en el lugar de co-autores /co-actores de la resolución, etc.

Desde esta perspectiva es importante reflexionar en torno al sujeto de intervención cuya concepción define nuestras estrategias de intervención, la articulación como modo distintivo y el registro como recurso ordenador y de poder.

Respecto al sujeto de la intervención

1) Avanzar en el reconocimiento de lxs niñxs y adolescentes como sujetos de intervención profesional y sus familias como actores centrales para pensar y desarrollar las estrategias. Se resalta la importancia del protagonismo de los/las NNyA y la necesidad de visibilizarlos en instituciones que son adultocéntricas; y para ello crear distintos dispositivos en consonancia y pertinencia con las distintas culturas institucionales. A pesar de las particularidades de cada escenario institucional, se afirma que los dispositivos deben ser generados desde los profesionales y que siempre hay margen para ello.

Respecto a la articulación:

2) Ante cada intervención profesional es central contar con información sobre los antecedentes de la situación. Ello implica por un lado, recuperar las intervenciones profesionales previas, la actuación de los colegas, las estrategias de intervención de otros equipos, profesionales e instituciones. También identificar y registrar las trayectorias familiares en relación a estas intervenciones.

3) Se entiende a la articulación como criterio fundamental de la intervención, y se asienta en el principio de la corresponsabilidad, en el cual debe basarse la construcción de toda estrategia. Trabajar desde este principio implica orientar la intervención hacia la superación de las barreras jurisdiccionales (nación, provincia, municipio), de las barreras intersectoriales (áreas de políticas) y de barreras entre ámbito público estatal y societal; todo lo cual requiere partir del respeto a los colegas para facilitar la comunicación. Otra dimensión del principio de la corresponsabilidad se plasma en la mirada integral de las situaciones en las que se interviene, incorporando a todos los actores, entre los cuales se prioriza a la familia, lxs niñxs y el grupo de pertenencia. Si esta mirada es la que efectivamente orienta y ordena la estrategias que se diseñan, las articulaciones entre profesionales y entre instituciones estarán fundamentadas desde la corresponsabilidad.

Respecto a los registros:

4) Un aspecto muy destacado es la importancia y necesidad de registros. Se define algunos aspectos a considerar en los mismos:

a) Incluir la voz de lxs niñxs, adolescentes lo que implica profundizar en marcos teóricos y en dispositivos metodológicos para hacer realidad este aspecto de la intervención, considerando que no es una cuestión de edad la posibilidad de escuchar o no a los chicxs, sino de herramientas de los profesionales. También teniendo en cuenta que es una exigencia de la ley respecto de nuestra intervención: el derecho a opinar y ser escuchados.
b) También la visión y perspectiva de las familias sobre la situación, sus acciones, compromisos y proyectos.
c) Se propone alguna modalidad de registro único (HC única), aunque se reconoce la complejidad que esto implica en función de las fragmentaciones institucionales ya mencionadas.
d) Se reafirma el registro como una herramienta fundamental para dar a conocer nuestro trabajo, de visibilizar el aporte profesional y se propone usarlo como recurso de poder, al igual que la Ley: para ello hay que precisar dimensiones/ categorías comunes que deben estar siempre presentes en los mismos.
e) Es importante solicitar por escrito las demandas que se le hacen al profesional, ya sea desde la institución como desde otro profesional. Ello requiere encontrar un modo escrito, que no quede solo en la llamada telefónica (se consideró que esta herramienta de articulación es muy usada y una de las más ágiles, cuando un elemento que ordena la intervención en la mayoría de los casos es la urgencia).
Aparecieron como obstáculos y desafíos las condiciones laborales y del ejercicio profesional
Aspectos que se destacaron por su impacto en las prácticas profesionales: la supervisión profesional, la relación con la institución contratante y el tipo de relación laboral. Ante esto es necesario trabajar desde las incumbencias profesionales, evitando la exposición individual y haciendo planteos colectivos con/desde el Colegio.

En síntesis:

• • Las leyes 26061 y 9944 establecen los derechos de los niños y estamos todos sujetos a ellas por lo que se reconocen como primer marco jurídico/legal para definir nuestra intervención.
• • Un punto de partida para nuestra estrategia de intervención es mirar la situación en clave de vulneración de derechos, quién es/son el/los responsable/s de la misma y quién/es de su restitución.
• • Las estrategias deben basarse en el principio de co- responsabiliad (familias, comunidad/organizaciones sociales y Estado).
• • Trabajar con desde el Estado desde el rol de garante de derechos que la ley prevée.
• • No podemos pensar en estrategias de intervención sin haber entrevistado a las familias y a los NNyA. Allí se cristaliza la posibilidad de que expresen su opinión y esta sea tenida en cuenta, como también el derecho a ser informados.
• • Es necesario reconstruir antecedentes en relación de otras intervenciones respecto a la situación abordada (profesionales, instituciones, OSC, familia, centro de vida, etc.).
• • Pensar o diseñar las estrategias de intervención con otros (instituciones, familia, niños, OSC, etc.) lo cual implica procesos de articulación, entendiendo a la misma como un trabajo conjunto, donde diseñamos, distribuimos tareas, funciones, etc.
• • El diseño e implementación de un dispositivo de intervención debe tener en cuenta el centro de vida de NNyA.
• • Las estrategias deben generar espacios donde las familias y los niños puedan informarse del plan de acción, proponer cambios, consensuar, transformar.
• • La intervención siempre debe estar respaldada por instrumentos de registro (informes sociales, fichas sociales, informes de avance, etc) que den cuenta de los puntos antes mencionados.
• • Solicitar medidas excepcionales sólo en aquellos casos donde se pueda dar cuenta del fracaso de las medidas de protección informando fehacientemente a la familia y a los NNyA de las mismas.