DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA

El Colectivo Profesional de Trabajo Social ante esta nueva oportunidad histórica  buscando la Democratización de la Justicia, puede:

• * Adoptar una simple, ecléctica, técnicamente válida postura: Mirar el tema enmarcado  en una especificidad ajena, de estricta incumbencia jurídica.
• * Agregar que, dado el resultado del fallo emitido por el  Poder de la República encargado de velar por la ejecución de las leyes, solo cabría descansar dos años hasta que, si sobrevive el interés por el tema vuelva a ponerse sobre tablas.

Todo seguirá, sin cambios, como era entonces y continúa siéndolo:: Sus Señorías se toman todo el tiempo, vidas enteras de ciudadanos cuyos derechos se menoscaban con los interminables pasos procesales que sus causas sufren. Nos movilizan numerosos casos donde el Derecho Previsional falla, luego de años, a favor del jubilado, pero éste no ha podido resistir el paso del tiempo. Pareciera que se apuesta a esta última contingencia para que la Caja de Jubilaciones no muestre su delictivo vaciamiento y economice los recursos de su titular: el pueblo trabajador.

Y como era entonces, y ahora,  Sus Señorías delegan, transfiriendo su trabajo a manos de subalternos, empleados judiciales con funciones, retribuciones, capacitación y responsabilidades diferentes a las de los togados, que  sí tiene jurisdicción.

La tan culpable maquinaria judicial, de hacer injusta la justicia, por tardía, marcha con su ritmo habitual. Por eso sabemos que mantener vivas las causas de DDHH  ha sido heroica tarea  de abogados valientes que en soledad, sin apoyo corporativo han continuado las investigaciones abiertas para llegar a que éstas accedan al estadio de juicio., consiguiendo que el Poder de ejecutar la Ley, brille y honre la vida democrática. A pesar de lo que la “Aristocracia de Toga”, (al decir de Mario Bunge, o la “Sagrada Familia”, conforme la justificada calificación, de los caminos y métodos de selección y empoderamiento de los cargos en la carrera judicial), dilate, omita, recurra, con el objetivo fundamental de mantener privilegios corporativos.

* Los Profesionales del Trabajo Social, como ciudadanos comunes conocemos abusos en el empleo de medidas cautelares, bloqueos por inconstitucionalidad, que frenan el avance de políticas de democratización, redistributivas  y progresivas. También  la inexistencia de recursos para ejecutar políticas preventivas ante  el acrecentamiento de la problemática de juventud en conflicto con la ley penal. No suelen hacerse públicos pronunciamientos judiciales exigiendo la puesta a disposición de los recursos indispensables para desarrollo de programas preventivos. Ningún Abogado Constitucionalista a reclamado por la inmoral legislación que judicializa a parte de nuestra juventud por “portación de rostro y gorra.”En cambio sí hay reclamos frente a la intangibilidad de los ingresos exentos de impuestos de que gozan Sus Señorías.

* Seguramente, como  Trabajadores Sociales compartimos   la idea de que son necesarias:- el Control de constitucionalidad, – las reformas a introducir en los organismos corporativos como la Asociación de Magistrados, donde podría caber la introducción de  los conceptos de mayoría y minoría ideológicas, valiosas como progresistas, anticorporativas y sensibles  a la voluntad popular.

* Sabemos cómo ha progresado la sociedad con la efectivización del cupo femenino, y el acceso de la mujer a los cargos públicos decisivos. Y nos consta que mejora la sociedad cuando avanza la democracia. Mientras que negarse a la introducción del voto popular comporta una medida esencialmente política, que nos hace visible cuan político es el poder judicial, que necesariamente debe entrar en la electividad popular al par que los otros poderes republicanos, abandonando su tradicional postura de especificidad  apolítica  y jerárquicamente limitada e intocable.

* Colegas: en la democratización de la justicia no solo estamos todos implicados. Sino también somos responsables de: aceptar su morosidad,  su injusticia, su incompetencia,  su complicidad con el delito, su ilegitimidad.

Lograr que las reglas del Poder Judicial sean públicas y estén bajo el control ciudadano, su oralización y horizontalización, son poderosos, significativos avances en nuestra vida nacional.

Comentado y resumen de lo expuesto por: Alejandro Aliaga. Fiscal Federal de la Ciudad de Buenos Aires;

Miguel Rodríguez Villafañe. Abogado Constitucionalista. Presidente de AIDIC;

Diego Tatián. Decano de Filosofía y Humanidades. UNC;

Miguel Ceballos.   Abogado querellante en causas de DDHH;

Gabriel Pérez Barberá. Juez de Cámara, CBA. Profesor de Derecho Penal. UNC;

María Laura Garrigós de Rébori. Jueza da Cámara del Crimen. Presidenta de Justicia Legítima.

Jornada del miércoles 3 de julio de 2013. UNC

Viola ALBANESI