REPUDIAMOS los Despidos y recortes a las Políticas Públicas para personas con discapacidad
El CPSSPC repudia las medidas tomadas por el Gobierno Nacional hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): Despidos y recorte a las Políticas Públicas para personas con discapacidad.
El día 27 de febrero se comunicó por GDE la rescisión de aproximadamente 150 contratos en relación al empleo público. El grupo de trabajadores con más de 10 años de antigüedad fue despedido SIN CAUSA, entre ellxs Trabajadores Sociales de distintas provincias del país con formación y experiencia en la temática. En Córdoba se desafectó a las dos profesionales que conformaban la Delegación Dean Funes, dejando sin equipo de trabajo y coordinación al norte de la provincia, afectando la articulación y gestión de 53 comunas y municipios.
Se alerta que la gran mayoría de despidos perjudican al interior del país, dejando provincias sin atención para una población que agudiza su vulnerabilidad.
Como representantes de profesionales de Trabajo Social, disciplina ocupada en el acceso y garantía de derechos, instamos a las autoridades de la ANDIS a revertir la situación del personal y que se ejecute el presupuesto necesario para garantizar el pleno ejercicio a las prestaciones que le corresponde brindar al organismo y Estado Nacional.
A partir de la asunción del presidente Javier Milei no se han ejecutado las partidas presupuestarias, llevando a la extinción y disminución de las políticas y derechos de las Personas con Discapacidad, expresadas en las siguientes problemáticas:
Escasas altas de nuevas pensiones no contributivas por invalidez (PNC)
Imposibilidad de realizar nuevas afiliaciones a las personas que solicitan el Programa Federal de Salud (Incluir Salud) que implican acrecentar barreras de acceso a servicios para el sostenimiento de la vida cotidiana.
Nula cobertura a personas con tratamientos médicos de alto costo y atención de necesidades especiales relacionadas con su discapacidad.
Estas medidas implican total retroceso en el acceso a derechos establecidos en la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Ley Nacional 26.378) por lo que urge la reconsideración de las arbitrarias medidas mencionadas.