Sobre el goce de los derechos de las personas con discapacidad, en tiempos de Covid-19

Una mirada desde el Trabajo Social

La actual coyuntura, inédita, ha generado nuevos pensamientos, desafíos y estrategias de intervención profesional desde el Trabajo Social, para brindar respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad -en adelante PCD- en situaciones de emergencia y crisis.

 Citando a Alfredo Carballeda (Margen, abril 2020) en estos tiempos de pandemia, vista como oportunidad: “La intervención en lo social es una convocatoria, una apelación, una demanda, que implica un estar con el Otro desde diferentes aspectos, que se vinculan con la resolución de inconvenientes, problemas y complejidades que se presentan en la vida cotidiana y que se expresan de manera fuertemente singular…”

Posicionados desde un enfoque de derechos, hacemos hincapié en que las PCD gocen de todas las garantías legales en igualdad de condiciones y preceptos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -en adelante CIDPD-, a la cual la Argentina adoptó en su legislación interna como Ley N° 26.378.

Esta ley, entre tantas otras definiciones, plantea obligaciones generales por parte del Estado como en su Art. 1.a donde se manifiesta la obligación de “Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención”. Ello nos hace reflexionar sobre el rol activo y presente que deben tener los organismos estatales, teniendo la oportunidad de tomar decisiones coherentes, pertinentes y acordes a esta ley; como así también en los entes reguladores que deben garantizar el acceso a cada uno de los derechos de las PCD.

Considerando el tiempo de pandemia en el que estamos inmersos, en su Artículo 11 se establece que en “Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, los Estados Partes adoptarán, …  todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad…”.

Ante ello, la discapacidad como campo de intervención, está atravesada por diferentes áreas que se entrecruzan con otras y conforman un entramado que visibiliza la complejidad del mismo, debido a los actores que intervienen y los recursos que se ponen en juego; entendido desde la concepción Bourdiana. También en este campo, intervienen grupos etáreos -niñas/os, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores- que expresan sentires y necesidades individuales más visibles o más ocultos, que se traducen en expresiones colectivas.

La colectivización de demandas posibilita generar redes de atención, promoción y acceso a servicios públicos estatales, privados y de la sociedad civil; siendo lo más elocuente el lugar que ocupan las PCD como “sujetos de derechos”.

Dentro de las metodologías y técnicas utilizadas en la provincia de Córdoba y en diferentes espacios de intervención social, podemos dar cuenta del acervo de experiencias del colectivo profesional:

Salud

El Artículo 25 postula que “Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud…” Reconoce que “tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”. 

Vale decir que la PCD forma parte de la denominada población de riesgo, por lo que requiere de una mirada y atención particular, velando por la calidad de vida y acompañamiento que requiere. Acompañamiento vinculado a la asistencia, a la gestión de recursos materiales, económicos, sociales, territoriales, entre otros; siendo el trabajador social, uno de los actores del equipo de salud, que con sus intervenciones aporta y garantiza el acceso al sistema de salud en forma integral. Es necesario destacar que el trabajador social forma parte de un equipo interdisciplinario con quienes se comparten objetivos de trabajo e intervención según la situación particular de cada PCD.

Este acompañamiento no sólo está vinculado a la PCD sino que es ampliada a su grupo familiar, a su red de contención y apoyo. Intervenciones específicas vinculadas a las dinámicas y organizaciones familiares interrumpidas en “su normalidad” por el Covid 19, que generan o profundizan crisis al interior de las mismas. No sólo intervenimos en lo tangible, sino que también en lo simbólico: los temores, las incertidumbres, las fortalezas que la PCD y su grupo familiar o de apoyo plantean.

Pero es válido ante las actuales circunstancias, preguntarnos: ¿qué pasará con aquellas personas con discapacidad que se contagien? ¿El personal sanitario cuenta con protocolos accesibles para contener este tipo de situaciones? En caso de internaciones ¿estará contemplada la presencia de otro afectivo o conocido, como acompañante? Es necesario continuar pensando y generar propuestas ante tales situaciones.

Los contactos con las PCD son mediante teleasistencia y el uso de diversas redes que les sean accesibles; en caso que así lo requieran han sido presenciales, pero facilitando y haciendo uso de los permisos especiales brindados por el gobierno nacional. También se ha profundizado el trabajo en red con colegas para dar curso a la asistencia.

Como parte del ámbito de la salud se encuentran las Juntas Certificadoras de Discapacidad de la Provincia que desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -ASPO- aplican la teleasistencia como modo de encuentro con la PCD y facilitador de acceso a derechos. La Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de la Resolución 106/2020, aceptó esta metodología para certificar discapacidad a distancia en todo el país durante la Emergencia Sanitaria.

Centros de Discapacidad del ámbito privado

Vale destacar que, desde los Centros de Discapacidad del ámbito privado, se continua trabajando y haciendo seguimiento de las familias por tele asistencia. Se aplica lo proyectado por el equipo terapéutico, adaptado a cada hogar; además, se abordan situaciones nuevas que van surgiendo en lo cotidiano, producto del aislamiento obligatorio y que vienen afectando la salud física, emocional, económica, etc., en un contexto crítico.

Estas situaciones han llevado a que nuestra tarea profesional se haya modificado e intensificado, ya que los destinatarios, según su condición de discapacidad y de encierro, ha resultado perjudicial tanto para la PCD como para su familia.

Desarrollo Social

En este marco, desde el ámbito público municipal, las profesionales del área, receptamos demandas de ciudadanos con discapacidad y de organizaciones que los nuclean. Asesoramos especialmente en lo que respecta a la actual situación de aislamiento social. Establecemos una red para derivar los casos que lo requieran, a los servicios de salud, de emergencia, etc. Registramos todas las demandas surgidas en este período; evaluando la posibilidad de intervención de forma virtual en el momento actual, y valorando aquellos casos para ser abordados por los medios tradicionales (entrevistas institucionales o domiciliarias) con posterioridad al período de la emergencia.

Educación 

En el orden educativo, el artículo 24 de la Convención establece que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación…”

 En este contexto, la educación presencia la suspensión en algunos casos, y en otros su virtualización, asistiendo a una transición tan abrupta, que jamás ha sido pensada hasta ahora. Desbordados y con altísima demanda, los equipos docentes y técnicos, trabajan para mantener la ESCUELA, efectuando propuestas que suman tecnología para crear algo parecido al aula. Las propuestas se diversifican entre el uso de plataformas digitales, mails, uso de WhatsApp, envío de materiales impresos y videollamadas, con el objeto de poder ampliar las oportunidades de aprendizajes. Al respecto, Inés Dussel, manifiesta que esta situación ha logrado visibilizar, aún más, las diferencias al acceso y disponibilidad de los recursos tecnológicos, la conectividad, la comodidad que pueda haber en la casa, y las posibilidades de que la familia pueda acompañar. Esta situación pone de manifiesto las limitaciones del “sistema”, tiñéndolo con un fuerte grado de “injusticia curricular”, a decir de Flavia Teriji. 

Desde los equipos técnicos escolares, las/os Trabajadoras/es Sociales intervenimos en las condiciones de las familias, aportando sobre las escenas reales de los estudiantes y buscando nuevas conversaciones con ellos, para favorecer el acompañamiento educativo en la cotidianidad del hogar.

Tecnologías al servicio de la intervención social

Cada espacio de trabajo, el cual CONFORMAMOS COMO PARTE DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, se ha movilizado y reinventado para poder seguir sosteniendo cada proceso y cada particularidad; de ese modo, nuestra mirada profesional como Trabajadoras/es Sociales canaliza la gran necesidad de contención, apoyo y de información adecuada que facilite sobrellevar el aislamiento sin mayor riesgo. Este tiempo genera otro modo de encuentro con los sujetos de la práctica.

Las/os Trabajadoras/es Sociales ante el ASPO y con el objetivo de reinventar nuevas formas de comunicación con las PCD y sus familias, comenzamos a promover el contacto permanente mediante dispositivos virtuales socialmente accesibles, como whatsapp y facebook. Siendo estas redes las más utilizadas por los usuarios de las instituciones en las que nos desempeñamos. 

De esta manera se comenzaron a realizar video llamadas, recurso que no utilizábamos, como medio de comunicación tradicional; permitiendo no sólo el diálogo, sino también entablar una comunicación “cara a cara”; recibiendo un alto grado de aceptación por parte de las familias. Sumado a esto, se permitió realizar pequeñas observaciones del entorno habitacional y de la cotidianeidad de la PCD. 

Cabe destacar que en varias de las instituciones públicas y privadas en las cuales nos desempeñamos no contamos con los recursos tecnológicos para teleasistencia (celulares, tablets, wifi, etc.) debiendo los mismos profesionales aportar dichos dispositivos. 

A través de los grupos de difusión en los que participan las PCD y sus familias, las/os Trabajadoras/es Sociales ofrecemos espacios de: contención, acompañamiento, asesoramiento frente a las demandas y necesidades sociales en este contexto.

Este escenario nos hace repensar sobre la importancia de la comunicación por medios remotos, hasta ahora poco utilizada en nuestra profesión, forma tan válida de comunicación en estos tiempos de Crisis Sanitaria; además de la relevancia en formarnos en el manejo de diferentes recursos tecnológicos.

A continuación, ponemos el foco en el grupo poblacional con más riesgo ante el COVID-19: los ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD.

Los adultos mayores que presentan algún tipo de discapacidad -mental, motriz, sensorial o visceral- representan un amplio grupo poblacional en la provincia de Córdoba. La ausencia de estadísticas oficiales sobre este grupo poblacional, expone las endebles políticas estatales ajustadas a la realidad. Kelvin W. sintetizó en la siguiente premisa: “Lo que no se mide no se puede mejorar” y agregamos: lo que no se problematiza no requiere soluciones….
Muchas de las PCD se encuentran en residencias de larga estadía, con contención o sin ella de sus familiares directos: hijos, nietos; siendo un transcurrir con delgadas protecciones por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

El adulto mayor, el viejo, el abuelo, se ha visto compelido en esta trágica pandemia, transitando en soledad los miedos generados por una sociedad que los mira de lejos y con escasas protecciones. La falta de certezas y cuidados específicos, han expuesto a este grupo etáreo a atravesar esta experiencia sumidos en la indiferencia, tal como lo expresa Byung-Chui Han “Con el miedo, la existencia se confronta con lo siniestro y desapacible”. (2019: 48)

La pandemia ha posibilitado exponer la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales, que en otros momentos pasaban desapercibidos por el fragor de una sociedad que no se detiene en “mirar al otro” y menos aún solidarizarse ante la frágil existencia.

En palabras de Touraine[1] esta crisis nos empujará a gestar una sociedad de “servicios entre humanos”, que revalorice el cuidado del otro y particularmente de los grupos más vulnerables: las personas con discapacidad. 

Las acciones colectivas se encuentran en la base de cualquier plan estratégico de combate del covid 19, una pandemia ha logrado frenar por un instante los procesos de individualización anquilosados en la sociedad. 
Es momento de pensar el lugar simbólico que ocupa el adulto mayor en la políticas estatales; qué visibilidad tienen, sus derechos, y el requerimiento a tener una vida digna, con soportes, con derecho a elegir a dónde vivir, con quién, acceder a servicios de salud,  que el Estado garantice su derecho a la vida.

Muchas PCD están sobreviviendo al abandono, y en ese intersticio, el Trabajo Social cuenta con herramientas técnicas para habilitar a la persona a una vida con sentidos subjetivos, tender puentes de inclusión a partir del reconocimiento de sus necesidades, singularidad, deseos y derechos. Atravesamos un momento histórico, en el cual pensar en clave social y de derechos, posibilita avances significativos, donde el ser social supera lo individual y se constituye en un actor colectivo.

Los Varados y la Discapacidad…

Parafraseando a Paula Danel, en tiempos actuales, es encontrarse habitando en la incomodidad; donde los desafíos que implica la pandemia son muchos, y la búsqueda de estrategias para brindar respuesta a las nuevas necesidades y urgencias que surgen son aún mayores.

La población con la que trabajamos, se encuentra en nuevas situaciones, impensadas para ellos como protagonistas y para nosotros como profesionales; tal como encontrarse varados en otro país y no poder regresar… sumado a la urgencia planteada desde la situación de salud de la PCD y la falta de los requerimientos de subsistencia… ¿Qué dice la CIDPD?, ¿Qué hacer con los derechos de las PCD a la distancia?, ¿Qué hacer para romper con la lógica organizacional de lo esperado?

Transitar por las formalidades de las notas respectivas a las autoridades pertinentes, recibir propuestas de soluciones que no están a la altura de los requerimientos de la PCD para ser trasladado, recibir respuestas esperanzadoras pero que necesitan de un tiempo que la PCD y su familia no tiene, apelar a consulados y embajadas sin respuestas concretas, viendo cómo las diferentes puertas se cierran, es como se comienza a construir -parafraseando nuevamente a Paula Danel- una conversación polifónica entre lo organizacional y la emergencia de la respuesta.

Como colectivo profesional pertenecemos a una red local y nacional de trabajadores sociales que somos representados por los respectivos Colegios Profesionales, pero también pertenecemos a una red internacional. ¿Por qué no trascender las fronteras geográficas para gestar redes de intervención internacional tal como lo plantea a los Estados partes la CIDPD? En su Artículo 4 Inc. 2 refiere que “Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional; para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.”

Mientras que en el Art. 28 Inc. C manifiesta “Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza, a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados.”

Con el apoyo y la intervención directa del Colegio de Profesionales que nos representa y mediante la FAAPS, se estableció contacto con el Colegio de Profesionales del país donde estaba varada la PCD con el objetivo de lograr un apoyo local y territorial para esta familia. Se encontró empatía y compromiso; logrando tejer redes que generen las asistencias y acompañamiento necesarios para la PCD y su familia, hasta lograr los cometidos de la repatriación.

De este modo, la Comisión de Discapacidad del CPSSPC, conformada por colegas del ámbito público y privado, presenta la situación que atraviesan grupos poblacionales con discapacidad en el marco de la Convención de Derechos de las PCD, y de nuestra labor profesional, enmarcada en la Ley Federal de Trabajo Social, por la cual uno de nuestros objetivos es la defensa, reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos y sociales, desempeñando la profesión con: ética, compromiso, competencia, calidad e idoneidad.  

Sabemos que en la medida que continúe el ASPO, la necesidad de apoyo y contención de las/os Trabajadoras/es Sociales, se hará cada vez mayor y la demanda a las instituciones tanto estatales como privadas, crecerá. Esto nos exige estar actualizados y formados, priorizar espacios de reflexión sobre la praxis cotidiana, generar instancias de intercambios de saberes con nuestro colectivo profesional, intervenir de manera articulada y capitalizar esta experiencia histórica que ha puesto en jaque las formas instituidas de intervención.

El Trabajo Social es una profesión de carácter esencial, lo cual no da lugar a interpelaciones, reconocidos principalmente por los actores que acuden a nosotros en este contexto, a los cuales les debemos el compromiso de erigir un accionar ético y respetuoso de los Derechos Humanos.  

[1] https://elpais-com.cdn.ampproject.org/c/s/elpais.com/ideas/2020-03-28/alain-touraine-esta-crisis-va-a-empujar-hacia-arriba-a-los-cuidadores.html?outputType=amp

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