ANTE EL NUEVO PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY PENAL JUVENIL

PRONUNCIAMIENTO DEL CPSSPC SOBRE NUEVO PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY PENAL JUVENIL

Este colegio de profesionales ya se expidió negativamente en las dos oportunidades anteriores en las cuales, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se pretendió bajar la edad de punibilidad de las personas como solución a la “delincuencia juvenil” o a la “inseguridad”; ya apelamos a fundamentaciones legales, sociopolíticas, éticas y adherimos a los diferentes manifiestos y/o consideraciones que vienen planteando organizaciones especializadas como UNICEF Argentina, Argentina No Baja, el Consejo Federal de Niñez y Adolescencia de la Nación, AJUNAF (Asociación de Magistrados, Funcionarios y profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia), quienes señalaron en distintos documentos la necesidad de derogar el decreto/ Ley 22.278 y reemplazarlo por un sistema de responsabilidad- reparatorio para los y las jóvenes de entre 16/17 años, lo que NO implica bajar la edad de punibilidad.

Nos planteamos en esta oportunidad ¿Qué aspectos incorporar que no hayamos aportado al debate? ¿Qué no hemos dicho y que por nuestra especificidad deberíamos sumar? Entonces surgen nuestras reflexiones fundadas en teorías y en prácticas profesionales con NNA y jóvenes en contexto de encierro y en sectores vulnerados, en los diferentes campos de intervención donde cotidianamente nos encontramos que los y las jóvenes captados/as por el sistema penal juvenil provienen de sectores urbano marginales, algunos cercanos al centro otros ubicados en la periferia de las grandes ciudades.

Es desde allí que tomamos la reflexión de Osvaldo Marcón, quien hace referencia a la necesidad de integrar el análisis del contexto y considerar que los proyectos legislativos como el presente, “… solo se entienden … en contexto y no como mero texto …”
El Contexto

El último informe de la UCA destaca que la pobreza multidimensional por derechos sociales e ingresos ha experimentado un fuerte crecimiento en el actual contexto inflacionario y de estancamiento. El aumento se debe fundamentalmente a la caída en la pobreza por ingresos, por caída del salario, pérdida de empleo y mayor precarización laboral.

Asimismo, reveló que la población con inseguridad alimentaria severa pasó del 6,2% en el tercer trimestre del 2017 al 7,9% en el mismo período del 2018. Por otra parte, la población con carencias en materia de atención médica, medicinas y alimentos pasó del 26,6% al 28,2 por ciento, mientras que el nivel de desempleo e inseguridad social se agravó del 33,5% de la población al 34,3%, incrementándose también la cantidad de familias que residen en viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento o con déficits de servicios sanitarios, pasando del 26,6 al 27,1 %.

Estos números y porcentajes son realidades cotidianas de los sectores sociales atravesados por las políticas económicas actuales, que generan mayores niveles de pobreza, desempleo e inserción precaria en el mercado laboral, lo que se traduce en graves dificultades de las familias para satisfacer las necesidades básicas y no pocas veces implica la inserción a temprana edad de los/as jóvenes al mercado laboral informal, desescolarización o interrupción de las trayectorias escolares.

Una consecuencia de lo expresado es cómo impacta en niños/as, adolescentes y jóvenes pobres que sufren deprivación socio cultural, padecen mayores dificultades en el plano cognitivo, afectivo y emocional, no contando con las mismas oportunidades personales, escolares y laborales que otros/as niños/as provenientes de familias de otros sectores sociales.

A nivel territorial, se percibe claramente que la mayoría de los/as jóvenes no tienen un lugar, un espacio propio, por lo que muchos/as adoptan como práctica, ocupar la esquina, lugar que desde la mirada adulta e institucional es estigmatizada, frente a lo cual se establece como práctica los controles discrecionales de la policía, apelando esta última, a prácticas muchas veces represivas que vulneran los derechos de las/los jóvenes.
El contexto de encierro en nuestros/as Jóvenes

Por otro lado, es dable mencionar que otro aspecto a tener en cuenta es el impacto de la privación de la libertad en la adolescencia, ya que los dispositivos penales juveniles lejos están de cumplir con la función socioeducativa para los que fueron creados, sino que por el contrario el paso y permanencia de los/las jóvenes por las instituciones de encierro, deja huellas en la experiencia subjetiva de los/las adolescentes, generando muchas veces daños irreparables.

El sistema privilegia el encierro dentro del encierro, el castigo dentro del castigo. Lo punitivo prima sobre lo socio educativo, el castigo sobre el diálogo y el consenso, expresiones de violencia verbales, gestuales, de omisión, indiferentes sobre la escucha comprometida.

En un tiempo de socialización, en un espacio que postula la resocialización como estrategia para favorecer el desarrollo, el cambio y la transformación como sujetos, estos/as adolescentes viven la desocialización (Uriarte 2006). Una desocialización que afecta todos sus vínculos; los de afuera y “los vínculos en y del encierro” (2006:104). Así, se construye un sí mismo entre rejas, se producen subjetividades desde lugares como la desconfianza, el temor, el desamparo y la reafirmación de la vulnerabilidad.

Concomitantemente y por primacía del ajuste en políticas públicas de garantía de derechos, los equipos de trabajo territoriales (de diferentes sectores: educación, salud, desarrollo social, cultura, recreación, deportes, fortalecimiento comunitario y familiar) y los que se desempeñan en contextos de encierro disminuyen en cantidad, variedad y seguridad/autonomía laboral.
Apreciaciones Necesarias

Si como política de Estado en torno a la niñez y juventudes advertimos reducción de los recursos presupuestarios(enero 20019), en un presupuesto que ya fue anteriormente achicado, sumado a los datos sobre la situación de las infancias de Argentina “… Donde el 48% de los niños, niñas y adolescentes son pobres” según Unicef, muy limitados serán entonces los recursos a disponer para atender a esa población y en especial contar con recursos desde los órganos estatales especializados. (Equipos interdisciplinarios, planes individualizados y socio-educación, entre otras políticas). Y es en este particular contexto donde resurge la propuesta para bajar la edad de punibilidad.

Es por ello que la lectura del contexto es prioritaria al propiciarse estos debates y medidas. Si ponemos el eje y la mirada en esta perspectiva podemos inferir que la política represiva es la propuesta, para cuya perspectiva sí estarían disponible variados recursos.

Muy por el contrario, afirmamos que una nueva ley debería contemplar una mayor inversión en políticas de prevención, poniendo especial énfasis en un trabajo interdisciplinario de acompañamiento sostenido a los grupos familiares desde los territorios. De lo que se trata entonces es de mayor presencia del Estado a través de la implementación de políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de niños/as y adolescentes, acceso a salud, vivienda, educación, alimentación, cultura, deportes, recreación. Es decir que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales, ya que la vulneración de los mismos, más aún en una sociedad desigual, crea las condiciones para generar de manera secundaria las posibilidades de ingresar al delito.

Apoyamos la construcción de políticas públicas basadas en el concepto de Justicia restaurativa, reparadora, corriendo el foco de lo punitivo y correctivo. Esto implica poner la mirada y todos los esfuerzos en la prevención y no en el castigo.

Como trabajadores/as y profesionales abocados/as a ésta tarea nos pronunciamos “No a la baja de la edad de punibilidad”, por estar convencidos/as que no es una solución al problema, sino la negación y abstracción de un problema social que nos compete a todos/as los/as ciudadanos/as que convivimos en este territorio.

Bajar la edad de imputabilidad, es una respuesta reduccionista, simplista que vulnera los derechos consagrados de las/los niñas/os, adolescentes y jóvenes, presentes en todo el marco legal nacional e internacional al que Argentina adhirió.

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