Por el aborto legal
El COLECTIVO DE RESIDENTES DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD expresan su adhesión a la carta abierta al Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba firmada por trabajadorxs del Ministerio, al pronunciamiento del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba y al de Trabajadoras Sociales de la Argentina elevado al Senado, reafirmando el compromiso con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Somos residentes de Trabajo Social y Salud dependientes de la Dirección General de Capacitación y Formación en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Desempeñamos nuestras tareas de formación y asistencia en el Hospital Córdoba, Hospital Rawson, Hospital de Niños, Hospital Materno- Provincial y Hospital de Río Cuarto.
Como colectivo de residentes, y de manera unánime, expresamos nuestro posicionamiento respecto al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en vistas a ser tratado prontamente en la Cámara de Senadores del país.
Entendemos que la legalización del aborto es una cuestión de salud pública, lo que conlleva una obligación por parte del Estado de garantizar el acceso de una forma gratuita y segura. Esto implica que como efectores de salud pública debemos abandonar nuestros intereses, trayectorias y/o creencias personales y reconocer a las mujeres y personas gestantes como sujetxs de derechos, por lo tanto, facilitar prácticas de acompañamiento, asesoramiento, prevención, promoción y asistencia de la salud orientadas a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Como profesionales enmarcadas en la Ley Federal de Trabajo Social Nº 27072 que regula nuestras intervenciones, partimos de la base de la defensa, reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos para toda la población. Esto implica recuperar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y personas gestantes, entendiendo que su pleno goce significa la capacidad total de decidir sobre su vida, sus proyectos, su sexualidad, su cuerpo y las condiciones en las cuales tener o no hijxs.
Sostener la ilegalidad del aborto implica una clara posición del Estado de mantener estas prácticas, que ya existen, en la clandestinidad y, por lo tanto, obstaculizar el acceso de las mujeres y personas gestantes a un cuidado de su salud en condiciones dignas.
Las mujeres y personas gestantes practican interrupciones voluntarias de sus embarazos sin distinción de grupos o clases sociales y/o económicas. Sin embargo, como profesionales de Trabajo Social debemos reconocer que esta práctica de salud, como muchas otras, está atravesada por la desigualdad social, económica y cultural. Las trayectorias de las personas que transitan nuestros espacios de trabajo están signadas por múltiples vulneraciones a sus derechos. Es fundamental que leamos esta problemática en su complejidad, partiendo de una noción de salud donde lo social se reconoce como constitutivo y tomando un posicionamiento activo en su defensa e implementación.
No resulta menor remarcar que en la provincia de Córdoba desempeñamos nuestras tareas en un escenario sumamente hostil frente a la garantía de derechos ya reconocidos. El protocolo vigente de Interrupción Voluntaria del Embarazo se encuentra suspendido desde el año 2012 por acciones judiciales tomadas por sectores conservadores y religiosas y avaladas por profesionales dependientes del Estado Provincial en nuestros hospitales.
En este marco, adherimos a la carta abierta al Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba firmada por trabajadorxs del Ministerio, al pronunciamiento del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba y al de Trabajadoras Sociales de la Argentina elevado al Senado, y reafirmamos nuestro compromiso con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
COLECTIVO DE RESIDENTES DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD
Estoy totalmente en contra del aborto¿ desde cuando la muerte de otro ser humano es considerado un derecho? Toda mi vida profesional ha sido y es para defender la justicia y los derechos humanos en sectores con realidades extremadamente difíciles, en distintos espacios geográficos. La mal llamada «interrupción voluntaria del embarazo» es una práctica que vulnera el principal derecho de todo ser humano: el de la vida. El derecho de la persona por nacer queda supeditado al «deseo» de la madre. A pesar de eso a las personas que nos oponemos al aborto nos llaman «antiderechos».