La seguridad punitiva y persecutoria

Compartimos este valiente posicionamiento de lxs matriculadxs que se desempeñan en el ámbito municipal defendiendo los derechos de las poblaciones con las que trabajan. Cumpliendo, de esta manera con los preceptos de la Ley Federal de Trabajo Social arts. 3 inc. a y 11 ics b y c- y del Código de Ética.

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Desde el Colectivo Profesional de las y los Trabajadoras y Trabajadores Sociales Municipales venimos a expresar nuestra opinión, fundada en la Ley Federal de Trabajo Social N° 27072, nuestros saberes y conceptos, pero por sobre todo en nuestras prácticas e intervenciones como profesionales de lo social desde el Estado Municipal, ubicados en entramados territoriales dónde las y los cordobeses y cordobesas que los habitan, sufren de vulneración constante de derechos.

Y en esta ocasión, venimos a debatir, a conversar, a problematizar los enfoques, los conceptos, las políticas y las prácticas en torno a la seguridad, que lamentablemente es utilizada en su más estricto y punitivo-persecutoria acepción.

En las últimas semanas, en distintos barrios de nuestra ciudad y con distribución geográfica disímil, aunque con similares patrones de estigmatizaciones y segregaciones, se realizaron Operativos conjuntos entre fuerzas federales (Policía Federal/ Gendarmería y PSA), provinciales (Policía de la Provincia) y judiciales (FPA/ Fiscalía Antinarcóticos), estos Operativos son parte de un Convenio de Cooperación en Seguridad, firmado por el Gobierno Provincial, en la persona del Gobernador, con el Gobierno Nacional, a través de su Ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich.

Los barrios Yapeyú, Marques Anexo, San Jorge, Villa el Libertador, Müller, Güemes, IPV Argüello, 16 de Noviembre, fueron algunos de los territorios OCUPADOS POR LAS FUERZAS de SEGURIDAD ARTICULADAS.

El modus operandi, fue similar en todos ellos. Llegaron las fuerzas de seguridad intervinientes, en patrulleros, camioneta y motos. Cerraron LITERALMENTE EL BARRIO, NO DEJANDO SALIR NI ENTRAR A NADIE MIENTRAS DURÓ EL OPERATIVO, por lo tanto cercenando un derecho básico, el de la libertad de tránsito, demorando a jóvenes y adolescentes, incluso deteniendo algunos, bajo la figura penal de resistencia a la autoridad, como pretexto. En algunos casos contaban con Órdenes de allanamiento judiciales.

Después de dos semanas de Operativos de Ocupación territorial (no vamos a usar eufemismos para describir lo que sucede en los barrios), podemos decir que hubo detenciones arbitrarias, amedrentamientos, puesta en riesgo de la población por acciones de exhibición de armas y utilización de ellas desde los patrulleros, como ocurrió en la plaza de uno de los barrios, mientras un grupo de niñxs participaba de una actividad artística impulsada por organizaciones barriales poniendo en riesgo su integridad física y psíquica.

Todo esto es contradictorio, con las reformas realizadas en la Ley Provincial de Seguridad Pública Nº104371, que transforman el concepto de seguridad, crean la Policía Barrial de cercanía, impulsando los Consejos de Seguridad barrial (con diversos nombres) para cuya operatividad segmentan la ciudad en cuadrantes. Todas estas acciones fueron con la intención de poner en marcha un enfoque de seguridad democrática y de accesibilidad al amplio abanico de políticas públicas de fortalecimiento comunitario, educación, recreación, cultura, empleabilidad, salud, etc.

A un año después, el enfoque vira y se reemplazan los ejes de aquella reforma a la ley de Seguridad Pública, por una práctica violenta, agresiva (en lo simbólico y en lo material) y con altos niveles de sofisticación: los operativos son con órdenes de allanamiento en mano e incluso con algunas órdenes de detención, cruzado con demoras masivas a vecinos y vecinas, esencialmente a varones entre 18 a 24 años. Todo ello sostenido y naturalizado por un montaje comunicacional que refuerza la idea binaria de los “delincuentes” (todos habitantes de estos territorios previamente definidos) y las “víctimas” (el resto de las y los cordobeses/as)

Frente a estos insoportables avasallamientos, las y los trabajadoras y trabajadores sociales municipales, vamos a criticar abierta y profundamente tanto los paradigmas como las acciones concretas de las fuerzas de seguridad, sean federales, provinciales y judiciales, cuando éstos violen derechos fundamentales; también vamos a bregar y trabajar siempre por la vigencia absoluta de los derechos sociales y económicos de las y los vecinos de la ciudad y para esto nos articularemos y trabajaremos colectivamente con todas las organizaciones del campo popular tanto a nivel territorial como a nivel de la Ciudad de Córdoba.

En este sentido es oportuno informar que las y los trabajadores de la municipalidad de la ciudad Córdoba que toman conocimiento de personas en situación de violencia institucional disponen del marco legal local para desarrollar estrategias en pos del abordaje de dichas vulneraciones (ordenanza Nº 12295) 2como también de estrategias de intervención específicas de la profesión y pertinentes al área o servicio donde se desempeñan, tales como salud, educación, cultura, niñez y juventud, etc. Por ejemplo, en atención primaria de la salud durante estos últimos días –ante los acontecimientos vividos en algunos territorios por el modus operandi de las fuerzas públicas- se convirtió en urgente y prioritaria la prestación de servicios a la población víctima de violencia institucional desde estrategias interdisciplinarias, intersectoriales e integrales, de acuerdo a la misión institucional.

Y por último, creemos conveniente debatir con Organismos de DDHH, Organizaciones Territoriales, Centros de salud, SPD CPC, Centros Vecinales, cuáles son los mejores caminos y escenarios para intentar detener semejante ofensiva jurídica política y operativa materializada en Operativos de OCUPACION Territorial de la ciudad. Para ello no descartamos el uso de remedios e instrumentos jurídicos preventivos o restitutivos para proteger la verdadera seguridad de las vecinas y los vecinos de los barrios en los que trabajamos.

Córdoba, 14 de Mayo 2018- SUOEM-

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1.- Modificación de la Ley Provincial Nº 9235 por la Ley Provincial Nº10437. Ciudad de Córdoba 29 de marzo de 2017.
2.- Tiene por objeto la creación de un Registro Municipal de personas demoradas y detenidos y víctimas de violencia institucional.

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