Ante el intento de bajar la edad de imputabilidad

POSICIÓN CPSSPC 

Ante la irrupción en la agenda pública, posterior repliegue del tema y nuevo embate desde la gestión de gobierno nacional sobre la posibilidad de imponer el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad ante la comisión de delitos, desde el Consejo Directivo del CPSSPC, recordamos que el tema de la edad de imputabilidad es viejo y siempre aparece cuando es necesario disciplinar, controlar, sancionar y castigar a los grupos más vulnerables de la sociedad y desviar la atención de temas incómodos para el poder de turno.

noalabajaemredComo Colegio que representa a profesionales comprometidos en la temática tanto desde el ámbito laboral como desde la academia y con trayectoria institucional en la defensa de los derechos de NNyA, coincidimos con el  Comité de Derechos del Niño quien postula que la edad mínima de responsabilidad penal se fije en el nivel más alto posible –los 14 o 16 años- y por imperio del principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos, deben evitarse bajas y Argentina ya fijó la edad de imputabilidad en 16 años. Esto también se estableció en el acta acuerdo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de Julio de 2015, referente a  la política estatal para una nueva ley penal juvenil.

Ley Penal Juvenil, que debe abocarse seria e integralmente a superar la situación actual regida por el  decreto ley  22.278, anterior a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ya que su texto no contiene garantía constitucional alguna y por su imperio,  las personas menores de 16 años son sometidas a proceso penal al igual que los adultos, pero sin garantías constitucionales, a diferencia de los adultos.  Al reinstalarse el debate acerca de “bajar la edad de imputabilidad”, conviene recordar que, pese a “esa barrera legal” para imputar a quienes no han cumplido con la edad de 16 años, Argentina es el único país con menores condenados a cadena perpetua y tiene cuatro sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no respetar los principios internacionales de derechos humanos que rigen en la materia.

Existe otra arista en el tema que es importante señalar y es el retiro sistemático del Estado, el vaciamiento presupuestario o directamente la desaparición de  políticas públicas preventivas, socio-educativas, laborales y de fortalecimiento de redes territoriales, al igual que la ostensible decisión política de no sostener ni completar el sistema de protección de derechos de NNyA  y el incumplimiento de normativas vigentes (tal como la CIDN, Ley Nacional 26061 y Provincial 9944). Aspectos sensibles que hemos relevado y denunciado en más de una oportunidad como colegio de profesionales en diferentes foros, a la vez que hemos presentado propuestas superadoras, ante las autoridades responsables de garantizar el real ejercicio de los derechos de NNyA.

Finalmente y en ejercicio de la responsabilidad que como adultxs tenemos hacia lxs niñxs y como institución hacia la sociedad y nuestrxs colegiadxs, manifestamos nuestro expreso rechazo a la pretensión gubernamental de bajar la edad de imputabilidad, a la vez que expresamos nuestra voluntad de aportar desde el saber y el hacer colectivos, para reformar el régimen penal juvenil adecuándolo a las normativas internacionales de derechos de infancia y adolescencia y el sostenimiento del sistema de derechos de NNyA. Todo ello con el imprescindible aporte de lxs colegas que se desempeñan en las diferentes áreas del ejercicio profesional, ya que casi ninguna de ellas escapa a esta temática integral y transversal a la sociedad misma.

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